La violencia con armas de fuego en Estados Unidos es una crisis de derechos humanos

Fuente: http://www.es.amnesty.org/


AP Photo/Charlie Riedel El gobierno de Estados Unidos ha permitido que la violencia con armas de fuego se convierta en una crisis de derechos humanos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado: En la línea de fuego: los derechos humanos y la crisis de violencia con armas de fuego de Estados Unidos. La organización examina en el informe cómo todos los aspectos de la vida en Estados Unidos se han visto comprometidos de alguna manera por el acceso sin restricciones a las armas, sin que se haya intentado establecer una regulación de ámbito nacional significativa.
Mientras que la mayoría de los países tienen sistemas de concesión de licencias y regulación de las armas de fuego, Estados Unidos carece de medidas tales como un registro nacional, y 30 estados permiten tener pistolas sin necesidad de licencia ni de permiso.
“El gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la posesión de armas de fuego sobre los derechos humanos básicos. Aunque se han propuesto muchas soluciones, hay una enorme falta de voluntad política para salvar vidas”, ha señalado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “A pesar del gran número de armas de fuego que hay en circulación y de la enorme cantidad de personas que mueren por disparos todos los años, hay una falta impresionante de regulaciones federales que podrían salvar miles de vidas.”
Consciente de los decenios de trabajo realizado por comunidades afectadas y por activistas, Amnistía Internacional pretende en su informe apoyar esos esfuerzos situando el problema de la violencia con armas de fuego en el marco de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y proponiendo dentro de ese marco soluciones que Estados Unidos debería adoptar para abordar la crisis.
“La capacidad de vivir nuestra vida cotidiana con seguridad y dignidad, sin miedo, es el pilar mismo de los derechos humanos”, ha añadido Huang. “Nadie puede considerar sus derechos humanos seguros mientras nuestros líderes no hagan nada con respecto a la violencia con armas de fuego.”
En 2016 –último año del que se dispone de estadísticas– más de 38.000 personas murieron y 116.000 sufrieron heridas no mortales en Estados Unido debido a armas de fuego. En el informe se examina el modo en que la violencia con armas de fuego afecta a las comunidad de color, en las que es la causa principal de muerte de hombres y niños de entre 15 y 34 años, que tienen 20 veces más probabilidades de morir por disparos de arma de fuego que sus iguales blancos. Las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar y los niños y las niñas también se ven afectados de manera desproporcionada.
Aunque en el informe se formulan muchas recomendaciones distintas para cada uno de los aspectos del problema tratados, el llamamiento general que se hace en él es que se adopte legislación nacional con que eliminar la inadecuada y arbitraria amalgama actual de leyes estatales debido a las cuales las personas están más expuestas a la violencia con armas de fuego en unos estados que en otros.
Entre las recomendaciones formuladas figuran:
Control exhaustivo de antecedentes Regulación nacional de la concesión de licencias y el registro de armas de fuego y obligación de recibir capacitación para poseer un arma de fuego Prohibición de los fusiles de asalto semiautomáticos y otras armas de uso militar Inversión en programas de reducción y prevención de la violencia en las comunidades basados en datos Legislación sobre almacenamiento seguro obligatorio
Se señala en el informe que, aunque los casos de matanzas con armas de fuego tienen profundos efectos emocionales y psicológicos y podrían prevenirse prohibiendo los fusiles de asalto y las armas de fuego de alta capacidad, tales sucesos constituyen sólo menos del uno por ciento de las muertes por arma de fuego.Más comunes y menos difundidos son los casos individuales que marcan la vida cotidiana en comunidades de todo el país. Por este motivo, en el informe se comparten casos individuales de personas afectadas por la violencia con armas de fuego.
“Tienen que entender [que] nuestros hijos sufren,” dijo Pam Bosley, mujer de Chicago cuyo hijo, Terrell, murió víctima de la violencia con armas de fuego en un suceso de 2006 aún sin resolver y que habló con Amnistía Internacional para el informe. “Necesitamos servicios sociales y terapia para la juventud. ¿Cómo van a sobrevivir y a triunfar en este ambiente? Cuando matan a un niño, como mucho el colegio trae a un terapeuta para un día. Si nos trataran como a Sandy Hook, las cosas serían distintas. Cuando quitaron vidas en esa comunidad trajeron terapeutas para un año para que trabajaran con los niños; nuestros niños pasan por esto todos los días. Nuestra comunidad no tiene ningún valor para Estados Unidos. No creen que merezcamos terapia o apoyo.”
En el informe se exploran también las consecuencias para las miles de personas que sobreviven a la violencia con armas de fuego. Por término medio, todos los días más de 317 personas reciben un disparo y sobreviven, al menos lo suficiente para llegar al hospital. Las consecuencias mentales, físicas y económicas de sus heridas determinan su vida para siempre. Esta situación es una crisis de salud pública de proporciones extraordinarias y con una respuesta notablemente escasa por parte del gobierno, dados los efectos que sufren de por vida muchas personas supervivientes.
Thomas Scalea, director del Centro de Shock y Trauma R. Adams Cowley de Baltimore, habló con Amnistía Internacional de un paciente que es un ejemplo de la lucha que libran las personas supervivientes: “Tengo un chico [que] recibió múltiples disparos. Lo he operado quizá 15 o 20 veces en 18 meses, porque tenía muchos problemas y estaba enfermo. Pero lo ha superado y le menos cerrado la colostomía y está bien; decimos que ha sido una “gran parada”. Excepto que […] le dispararon también en el brazo y tiene gravemente dañado el nervio y se ganaba la vida haciendo mudanzas y recogiendo cosas. Necesitas los dos brazos para recoger cosas, así que está incapacitado y no puede trabajar […] Y es que no hay reeducación ni capacitación. Y para tener la discapacidad tienes que negociar con el sistema de salud, y si a mí me cuesta ya mucho hacerlo, ¿cómo creen que le va a ir a él?”
Además de trabajar para que se implementen las recomendaciones federales y locales formuladas en el informe, Amnistía Internacional colaborará a escala estatal con entidades locales, empezando con iniciativas emprendidas en Ohio, Illinois y Michigan. En Illinois, la membresía de la organización instará al gobernador a aprobar la Ley para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego, que ayudará a detener el flujo de armadas procedentes del tráfico ilegal e impedir que los vendedores de armas abran sus negocios junto a colegios y jardines de infancia. En Ohio, gran número de activistas se esforzarán por detener un proyecto de ley con el que aumentaría la probabilidad de que se produzcan enfrentamientos con armas de fuego. Una tercera campaña emprendida en Michigan tendrá por objeto conseguir que se apruebe una ley que permite a las familias tomar medidas para impedir a sus miembros dañarse mutuamente o a otras personas.
Otras actividades de campaña servirán también para pedir a los gobiernos municipales y estatales que inviertan en las comunidades financiando plenamente programas basados en ellas para buscar soluciones, que han demostrado ser la forma más eficaz de intervención para la reducción de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos.
Autorizaciones y exportaciones de armas españolas a EEUU
En 2017 España autorizó 218 licencias de material de defensa (con valor de 205 millones de euros), principalmente en armas pequeñas (89 millones de euros), armas ligeras (20.000 euros) municiones (6,6 millones de euros) con destino a Estados Unidos. En ese mismo año, se exportó material con valor de 80,7 millones de euros.
En este contexto, Amnistía Internacional pide al gobierno español que no autorice la exportación a EE.UU. de armas pequeñas ni de munición a la policía, empresas de seguridad privada o particulares porque actualmente existe un riesgo sustancial de que se usen para cometer o facilitar violaciones y abusos, incluidos actos de violencia contra civiles. Esta política de denegación debe mantenerse hasta que el Gobierno introduzca medidas eficaces para prevenir el uso indebido de armas pequeñas, como la prohibición de la posesión de armas de tipo militar por parte de civiles, así como sistemas estrictos de concesión de licencias, marcado y rastreo y procedimientos transparentes en relación con el uso policial de las armas de fuego y las exportaciones estadounidenses de armas de fuego.


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