Cuba: personas con discapacidad cognitiva en situación de vulnerabilidad

Por: Juan Carlos Linares Balmaseda.

Son múltiples y periódicas las consecuencias que provoca infringir el derecho de Libre Asociación. Una de las más importantes es que en Cuba no exista una organización no gubernamental que, desde la sociedad civil cubana y con personalidad jurídica reconocida, apoye a las personas con discapacidad cognitiva. Esto obstaculiza a la ciudadanía de participar en la visualización, sensibilización y solución de los distintos conflictos, lo que frena el desarrollo de la cultura inclusiva en el país. Asimismo trasgrede los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Internacional para los Derechos de las Persona con discapacidad.  

El caso de la Sara Julia Abreu Del Pino, de 67 años de edad, bien puede considerarse, más que un problema familiar, como un conflicto social cuando en la práctica se evidencia la descoordinación entre las instituciones gubernamentales correspondientes. Muchos de sus funcionarios estilan dejadez y ninguna capacitación en materia de discapacidad. Son sometidos a un régimen burocrático y centralizado, el cual sobrepone un enfoque clínico-asistencial (promovido en policlínicas, hospitales, y demás instituciones hospitalarias), en detrimento del enfoque psicosocial (inspirado inclusiva y desenvueltamente por la sociedad civil). 

Debido a la discapacidad cognitiva  que presenta, el ejemplo de Sara Julia clasifica como el de familia disfuncional vulnerada. Desde hace unos cinco años hasta unos meses atrás habitaban hacinados, en un cuarto de unos cuatro por cuatro metros cuadrados con dos únicas camas. Con el techo de la habitación filtrándose cuando llueve, las ropas amontonadas por doquier, y últimamente sin refrigerador, ni fogón, etc., allí malvivían Sara Julia, su hermano (anciano), sus dos hijas y seis nietos, más un sujeto que era la pareja de su hija mayor.

La situación de esta familia devino en peor cuando sus dos hijas fueron condenadas a prisión. La mayor, Berta Isabel Gracia Abreu, a 12 años por el delito de “corrupción de menores”. Y la otra, Iselita García Abreu, a 4 años por “peligrosidad pre-delictiva”.

Berta Isabel tenía una pareja, un sujeto que la golpeaba, la amenazaba y practicaba pederastia con la hija de ella desde que era muy niña, la que finalmente fue iniciada en la prostitución. Hoy el sujeto cumple una sanción de 15 años en prisión, y la que es ya una joven de 16 años de edad (hija de Berta Isabel) se encuentra recluida en un centro para menores. En su momento, Sara Julia denunció estos hechos en perjuicio de su hija (Berta Isabel) ante la Policía Nacional Revolucionaria, pero poca atención obtuvo. Tampoco tuvo relevancia la labor profiláctica que debieron ejercer las organizaciones políticas y de masas en la comunidad. El hermano de la joven de 16 años, hoy un joven que deambula por las calles y del que algunos vecinos afirman que practica la prostitución homosexual, con el agravante de que su abuela, Sara Julia, declara que también él fue perjudicado por el sujeto que en concubinato vivía con su madre.  

La otra hija menor de Sara Julia (Iselita), es madre de cuatro hijos. Y con excepción de una de sus hijas, que fuera internada en la escuela especial Solidaridad con Panamá, presentando discapacidad cognitiva y motora (está postrada en una silla de ruedas), las tres restantes niños están dispersos viviendo bajo la custodia de los padres. Sara Julia almuerza diariamente en una iglesia protestante.

Hace unos cinco años la familia de Sara Julia residía en calle Agramonte No 557, barriada de Poey, en una más amplia vivienda de madera, con antiguo y regular aspecto estructural. Paradójicamente se mudaron a un semiderruido cuchitril en Santa Hortensia No 8, barriada de Mantilla, por lo que algunos vecinos  aseguran que si ese traslado no  fue un caso de mudada forzosa, o con dinero por medio, sí constituyó un acto de manipulación de una familia incapaz de velar por sus propios intereses.

Interesados en hacer visible la discapacidad cognitiva de las convictas, integrantes de la Red de Cultura Inclusiva-Cuba hemos ocupado el mes de mayo procurando establecer un contrato con un abogado del Bufete Colectivo en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, donde reside la aquejada familia. Este derecho ciudadano resultó imposibilitado de ejercerse por trabas administrativas, específicamente porque para hacer el contrato hay que llevar el número de expediente penal, cuestión que de acuerdo a la lógica de la disfunción cognitiva familiar, ninguno de ellos posee o siquiera logran recordar el mismo. 

En nuestra gestión, descubrimos que Sara Julia contaba con una chequera colectiva para tres personas: para ella, para su nieta con discapacidad cognitiva y motora hoy internada en la escuela especial, y para su octogenario hermano, Ramón Lázaro Abreu del Pino, en la actualidad ingresado en el asilo Hogar del Veterano, en el barrio La Víbora, y quién controlaba este documento. La chequera, para tres personas, aportaba unos 250 pesos mensuales (unos 10 dólares), y desapareció hace más de un año.  Aun no se puede contar con datos sobre su vigencia, pero no se descarta que esté siendo utilizada para su beneficio personal por algún funcionario.

En este dilatado y enrevesado camino, los activistas de la Red Joaquín Moré Rico y quien suscribe este artículo visitamos repetidamente policlínicos, oficinas de Trabajadores Sociales, el Registro Civil de Sancionados, el Tribunal Provincial de Justicia, la Oficina de la Vivienda Municipal, Oficina Municipal de Trabajo y Seguridad Social, el Gobierno del Poder Popular Municipal, recogimos firmas de vecinos que avalan los trastornos de conducta y la discapacidad de la familia, etc. Algunos funcionarios y vecinos fueron colaborativos y preocupados, en especial personas que practican la Fe cristiana,  pero en la mayoría de las gestiones solo encontramos desinformación institucional, y hasta desidia social.

Por ejemplo, los trabajadores sociales exponen que a ellos únicamente les compete el asunto de la chequera “supuestamente extraviada”. La Policía Nacional Revolucionaria se resiste a actuar en este caso si no hay una orden judicial. Los funcionarios de la Oficina de la Vivienda Municipal quedan impávidos ante el estado deplorable e inhumano donde residen estas personas, y así un largo etc. El resultado de toda esta indiferencia es una maquinaria institucional que aplasta las reducidas y maltrechas condiciones de vida de tan vulnerable sector en la sociedad. Increíblemente en la sede del gobierno municipal fue donde peor fui maltratado. Allí la jefa de Atención a la Población no quiso darme su nombre, y ni escuchó la historia familiar de Sara Julia, me espetó que si no tenía carné de ninguna institución del Estado no era de mi incumbencia este asunto. Le puse mi carné de identidad sobre su buró y le dije que “ese me acreditaba como ciudadano cubano, y es más que suficiente”.    

La labor de los activistas en contra de la vulnerabilidad de los derechos de las personas con discapacidad, en especial la discapacidad cognitiva, ha de contemplar más que la denuncia de sus derechos, las actividades como gestores en la solución de sus conflictos, y la interacción con ellos.

A última hora conocimos que las hermanas Berta Isabel e Iselita han sido ubicadas en régimen de trabajo externo, laborando en instituciones hospitalarias, y con posibilidades de comenzar a recibir pases temporales para visitar a su familia.

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