¡Arriba Cuba! – Plataforma Programática

Martes, 19 de mayo de 2020 – (1ra versión)

¡Arriba Cuba! es una invitación a cimentar la idea de un Estado Federal en armonía con el modelo de Autonomía Municipal. Su formulación, muy alejada de los restrictivos esquemas que hasta hoy perduran en Cuba, pretende transformar el archipiélago cubano en la real “Llave de la Libertad en América”. 

I- Cuba como Estado Federal: 

Por polémico y paradójico que a alguien le resulte, el origen cultural del federalismo en Cuba tiene su raíz en 1827, cuando la Capitanía General dividió la isla en tres departamentos administrativos: Oriente, Centro y Occidente.

Tras la guerra de los Diez Años, en 1878, el gobierno colonial español, para rechazar la distribución de poderes autonómicos y obstruir la soberanía de los nacionales, procedió a disgregar a Cuba en seis provincias. Ocurría un evidente interés de fraccionar e inmovilizar aquella diminuta sociedad civil criolla. Mientras tanto, el poderío militar de la Metrópoli en la isla permaneció organizado en tres demarcaciones: occidental, central y oriental.  

En 1976 la elite gobernante castrista, de inmutable preponderancia militar, fragmentó el territorio nacional en 14 provincias, y en 2011 la Provincia de La Habana fue bifurcada en dos, elevando el número de provincias a 15. En contraste con tan desmenuzada estructura administrativa, el país permanece militarmente sub dividido en tres zonas o ejércitos: occidental, central y oriental, con la jefatura centralizada en la capital, La Habana.

El anhelo de esta propuesta consiste en retornar a la primera y original división política-administrativa Tri-Departamental, y enlazar el pasado y el presente con el futuro, en estrecha concordancia con el símbolo más representativo de Cuba, la Bandera de la Estrella Solitaria, y en especial con su diseño de las tres franjas azules que simbolizan los tres auténticos departamentos y su naturaleza federal.

En la praxis la delimitación abarcaría cinco de las actuales Provincias por cada Departamento, con sus respectivos Municipios y sub divisiones locales, manteniendo los límites semejantes a los que ya existen:

Dpto. de Oriente u Oriental, integrado por las presentes provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas.   

Dpto. del Centro o Central, integrado por las actuales Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos.

Dpto. de Occidente u Occidental, por Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río, Isla de la Juventud.

La Habana se convertiría en un Distrito Federal del gobierno nacional o Consejo de Ministros.

Proponemos que los tres departamentos evolucionen en soberanía institucional, ejecutiva, legislativa, judicial, administrativa, económica y financiera. Que los habitantes de las regiones del occidente, centro y oriente de Cuba tomen el control de su autonomía, que asuman la redacción de sus respectivas constituciones y legislaciones departamentales, en obediencia a la opinión y la decisión popular. Asimismo, han de instaurar los gobiernos departamentales, los que contarían con estructuras legislativas bicamerales o unicamerales, en consonancia con la densidad poblacional, peculiaridad geográfica, desarrollo mercantil sustentable y sostenible, valores tradicionales e históricos,… de las regiones.

Los tres Departamentos Federativos competirían en circunstancias equivalentes en cuanto a su equitativa dimensión terrestre, áreas agrícolas y turísticas, puertos al mar y aeropuertos, sus atractivas reservas naturales, etc.    

En las divisiones por provincias, si sus pobladores admiten conservarlas en los Departamentos, designarán a sus representaciones provinciales.  

Se sugiere que los funcionarios de las más altas instancias departamentales sean electos mediante el sufragio directo, secreto, transparente y verificable. Que permanezcan por un tiempo prudencial de mandato. Y que ningún cargo de alto rango deba repetir a la misma persona por más de dos períodos electivos seguidos.

Los Departamentos dispondrían de capitales departamentales, donde radicarían las entidades gobernativas, educativas, médicas, consulados diplomáticos, etc., en paridad a las que predominan actualmente en La Habana. Dotados de gobiernos más pequeños y diligentes, con fuerzas del orden público, lo que facilitaría el trazado e implementación de políticas públicas, y la superior competitividad y factibilidad a los inversionistas extranjeros para mercadear en los departamentos, y que los nacionales establezcan sus propias líneas comerciales y de inversión tanto nacionales como con el extranjero, y por encima de todo, aproximar la interrelación de los gobernantes con los gobernados, y las instituciones con la ciudadanía, las que no quedarían únicamente monopolizadas en La Habana, con la carga discriminatoria de verse obligado a desplazarse del oriente a La Habana por ninguna gestión. En definitiva, el bienestar y placer de vivir a plenitud en cualquier lugar del país, sin temor a quedar sumido en el atraso.

Posteriormente, como programa federal y republicano, las representaciones de los tres Departamentos coordinarían la metodología legal para institucionalizar una elemental Constitución Federal Republicana para todo el país, en apego al deseo popular claramente manifestado en estas tres regiones en evolución revolucionaria, y en este, si se escribiera un nombre no debería ser otro que el de Dios, ya que tal cual los derechos constan en nosotros, en nosotros consta la palabra de Dios.    

Se propone eliminar la figura del presidente de la Republica, permaneciendo la del Primer Ministro a la cabeza de un Consejo de Ministros, a modo de gobierno federal. Se exhorta a que los miembros del Consejo de Ministros en funciones, con responsabilidad de gobierno federal, hayan sido propuestos y designados bajo el consenso electivo de los tres departamentos,  pudiendo ser removidos de sus obligaciones por determinación popular de la ciudadanía mediante plebiscito.

Dicho Consejo de Ministros constituiría la garantía de representatividad de la unión nacional y de las libertades ciudadanas y de limitar o regular la gestión estatal, con preponderancia de competencia en lo concerniente a sus respectivos ministerios en el orden ejecutivo, legislativo y judicial del país, y en la arena internacional, los que gobernarían en consulta con la ciudadanía y los gobiernos departamentales, en aras de un modelo inédito y capaz de organizar la sociedad para su creciente patrimonio y felicidad.           

II- ¿Por qué suprimir la tradicional figura de presidente de la República?

La tradición de “hombre fuerte” al mando del país nos viene de muy lejos a los cubanos. Casi cuatro siglos de colonia militar española y capitanes generales dejaron una profunda impronta de “mandante absoluto” en la idiosincrasia isleña. En los períodos de la República en Armas (1868-78 y 1895-98) los presidentes fueron anulados por espadones mambises que se consideraban más aptos para ganar la guerra, lo que no sucedió. Luego, en el corto período republicano, los presidentes fueron abandonando rápidamente la consulta parlamentaria en la mayoría del tiempo en mandato, tentados por la disposición urgente y el ordenar a decretazos.     Solo en el primer gobierno de marco democrático, posterior al proceso “revolucionario” de 1933, el gobierno de Fulgencio Batista (1940-44) protagonizó más de dos mil decretos, emitidos por la presidencia, en número cuatro veces superior a lo legislado por el Congreso. La herencia de deformación presidencialista pulula en nuestra “cubanía”.      

En la expectante perspectiva para la carrera por la presidencia de la república, en un ambiente de democracia multipartidista, será vital contener resentimientos y vanidades narcisistas, declaradas o solapadas, cercenando tal vicio de potestad autoritaria, insuflado por los heredados dogmas del poder.

La descentralización buscada por esta Fórmula Federalista disolvería los arraigados mecanismos de hegemonía vitalicia, evitando el peligroso resurgimiento de otro “hombre fuerte” en Cuba, aunque eventualmente sea exigido por un numeroso grupo de seguidores. Para corregir tal nefasta huella, quienes aspiran a desempeñar cargos públicos deberán iniciarse presentando sus propuestas y programas políticos en sus vinculadas comarcas municipales y departamentales.     

III- Estado Federal o Estado Unitario:

Al contrario de esa estimación futurista y compleja, ¡Arriba Cuba! es un proyecto de inmediata implementación, y de una proyección sencilla, al servicio de los activistas y líderes comunitarios, para diseñar, organizar, ejercer y optimizar las funciones sociales en sus localidades de origen, o sea, en los municipios y en interacción con las respectivas regiones o departamentos.     

La actual Constitución cubana, en el Capítulo I, Artículo 1: de los Principios Fundamentales, dispone: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

La pregunta es: ¿cuál sistema de Estado, el federal o el unitario, resulta mejor adecuado a la situación socio-geográfica del archipiélago de Cuba, con vista a un futuro de libertad, equidad, igualdad, solidaridad, bienestar y prosperidad individual y colectiva, en pos de la Autonomía Municipal?

Por su singular insularidad, la Isla de Cuba semeja una llave frente a la cerradura (el Golfo de México), y en un mapeo hemisférico puede interpretarse como la “Llave de América”. Más allá de esa visión romántica, la realidad histórica deja claro que, posterior al año 1492, el archipiélago cubano ocupó un rol primordial de guarnición militar en puente intermedio entre el “viejo” y el “nuevo mundo”, en un encuentro de culturas que iniciaría la centralización del liderazgo militar panamericano capitalizado en su principal ciudad: La Habana.

Tal procedimiento unitario de la soberanía monárquica duró tres siglos, durante el cual se postergó la independencia cubana al último país americano, aplicándose la máxima severidad contra cualquier liderazgo -fuese militar o intelectual- con ánimos o intenciones de descentralizar aquel dominio geopolítico. Lo ilustra la condena a garrote vil del patriota y general Narciso López de Urriola en 1851 (autor de la Bandera de Cuba), y hacer desaparecer los vestigios de su impronta federalista al desmantelar meses después, en 1853, la división político administrativa de los tres Departamentos que el propio gobierno colonial español creara para la Capitanía General de Cuba veintiséis años antes, en 1827. La isla quedó mal repartida en dos jurisdicciones civiles, no así en lo militar, que perdurara en las tres divisiones.

La Bandera de Cuba fue traída a nuestro país por expedicionarios comandados por el General Narciso López de Urriola, quienes desembarcaron en 1850 con la intención de liberar a Cuba del colonialismo español y posteriormente integrarla como Estado a los Estados Unidos de América, en un libertario episodio federalista. 

Con posterioridad a 1879, y ya instituidas las seis provincias, el régimen militar de la Metrópolis, concentrado en La Habana y expandido al interior del territorio cubano, imposibilitaba que los funcionarios civiles, gobernadores provinciales y alcaldes municipales, reunieran suficiente autoridad para materializar reformas autonómicas. Dicho esquema de centralismo trascendería al periodo republicano de 1902-1959, donde predominó, en un grado suficiente, la vieja práctica del monopolio gubernamental, legitimado en Estado Unitario presidencialista, o según historiadores de izquierda, como “seudo-república”.

Muchas familias de estirpe española y sus descendientes criollos, que constituían el poder económico pro español, pasaron al siglo XX, a la “República”, sin que en absoluto mermaran sus añejas fortunas y en cambio se acrecentara su poder político. Pese a ello, nunca perdonarían la intervención de Estados Unidos en defensa de los insurrectos mambises, que puso fin a la contienda 1895-98, y condujo a la independencia de Cuba.

Concluida la presencia militar estadounidense en la isla, de 1898 a 1902, esa rancia clase social alta y media iba consolidando su pensamiento ideológico en asociaciones fraternales y en torno a la Iglesia Católica, desde donde controlaban una gran parte de la economía, la política, y el no menos influyente Sistema de Educación público, estatal y privado. Se consolidaba un pensamiento que mutaría del colonialista al nacionalismo neo colonial o seudo republicano, y se propagaría por la sociedad cubana, estructurándose con otras diversas tendencias ideológicas que arribaron al país en las dos primeras décadas de “republicanismo”, como, por ejemplo, el anarquismo, el socialismo, o el comunismo. En la primera década del siglo XX desembarcó por los puertos cubanos alrededor de un cuarto de millón de inmigrantes, la mayoría españoles, en busca de mejor vida para sí mismos y para sus familias. Lo que sin duda reforzó la trascendental fracción del devenido nacionalismo anti norteamericano.

A mitad del siglo XX en Cuba existía un mejunje de tendencias y aspiraciones nacionalistas, no pocas de ellas con siniestros aires gansteriles, falangistas, fascistas, comunistas y nacional-socialistas, y en el fondo, y muy latente, el tradicional caudillismo militar latinoamericano con pespuntes terroristas. Era toda una gama de factores, confusos e imperceptiblemente poderosos, apuntando al unitarismo presidencialista, y que incidirían en la mentalidad gregaria cubana, de la que no se podía desmarcar la dependiente intelectualidad contemporánea.  

A pesar de ello, el liderazgo positivo de disimiles grupos de las fuerzas vivas de la sociedad civil emprendió el bien nacional, permitiendo que Cuba despegara en fértiles planos económicos y sociales, llegando a ocupar los primeros cinco puestos a nivel continental. No resultó así de parejo en el terreno del liderazgo íntegro en la política de gobierno. Algunos de los más prominentes políticos del momento confundían libertad con libertinaje, política con politiquería y civismo con cinismo, queriendo obtener beneficios de sus jerarquías para sí y para repartir con los suyos. Jugar a la corrupción se resumía en varias frases populares, una era: “la política es sucia, yo no entro en política”, o la pululada jarana: “Aventureros delincuentes conquistaron esta tierra un día, y delincuentes la gobiernan todavía”.   

Tienen aceptable razón quienes apodan a la época republicana, 1902-59, de neo colonial, y también los que califican de neo colonia soviética a Cuba en décadas del 60, 70 y 80 del siglo pasado.

Porque, no solo el azar y la pericia guiaron al liderazgo guerrillero hacia la conquista del poder en enero de 1959. Un formidable espaldarazo vino desde las fuerzas económicas, políticas y eclesiásticas con tendencias neo coloniales, seudo republicana y unitarias. La guerra de Fidel Castro y Fulgencio Batista se planteó como la pugna del blanco, hijo del gallego rico, versus el negro pro estadounidense, exacerbando el ingrediente de discriminación racial colectiva anti Batistiana. Batista mataba en la vía pública a personas antibatistianas, y Castro mataría anticastristas en el paredón de fusilamiento.  

Con el hijo de gallego rico ascendieron al poder más de seis décadas de unitarismo castrista, en una versión condensada de la picardía cubana. Un régimen misceláneo, saturado con inconfesables remanentes de los 57 años de nacionalismo seudo republicano, y con otros tantos de neo colonialismo soviético, mezclado con el resentimiento anti estadounidense, el caudillismo latinoamericano, y un denominador común: el Estado Unitario centralizado en torno al líder único e insustituible. Un modelo de Estado totalitario “internacionalista” y muy desmesurado en proporción con su verdadera situación económica, que persistió en un proceso de expansionismo e intento de influenciar con su ideología a todos lados de la geopolítica mundial, y especialmente enfocado en Latinoamérica, siempre tratando de subvertir el Estado de Derecho Democrático allí donde percibe intereses oportunistas.        

¡Arriba Cuba! es la alternativa radical para equilibrar definitivamente las discriminaciones, sustituyendo la crónica anomalía del Estado Unitario, que nos rige, por un Estado Federal, sobre cual reposa un significado silencioso, cortejado y renegado a la vez por todos los gobernantes de turno. El federalismo, de la mano de los liberales viene a ser como la mesa de tres patas que no permite cojear, y para los autoritarios y los caudillos militares resultar ser como la cruz para el diablo.

Se contempla además en esta idea un llamamiento de atención a los militares de alto rango que rigen en los tres ejércitos de Oriente, Centro y Occidente, actores básicos internos, de drástica importancia, en el verdadero esqueleto del actual régimen, y en los que se concentran armas, tecnología y equipamiento de guerra. Son los grupos con preponderancia que en medio de un caos humanitario están llamados a intervenir al instante con responsabilidad a favor del pueblo y no de la sofisticada clase oficialista.          

IV- Otras opciones inapropiadas de Estado Federal:

Habrá quienes sugieran la idea de que las 15 provincias adopten un sistema federalista moderno conservando la división político administrativa actual. Pero sería un esquema que no disminuiría la carga burocrática del Estado, al contrario, engendraría un excesivo número de empleados públicos, imponiendo un ingente gravamen a la población para poder mantener quince gobiernos autónomos. Por otro lado, el limitado por el tamaño geográfico de las provincias y la capacidad para producir bienes y servicios. Y en adición negativa, sus reservas naturales no estarían en correspondencia con la mínima auto sustentabilidad económica que precisa la condición federativa, restándole soberanía a las provincias, las que continuarían, de un modo u otro, bajo la dependencia rigurosa del gobierno capital, desde La Habana, lo que estimularía la tentación permanente de la recentralización, y la continuidad del patrón de Estado Unitario.  

Otra división político administrativa federativa sugerida, porque permaneció casi un siglo y fue avalada por la Constitución del 1940, pudiera caer en la de 6 provincias. Mas, contra esta opción conspiran varias razones, entre las que constan las desigualdades en las extensiones territoriales y en la densidad demográfica vigente y cuantificadas en esos territorios, además de las secuelas acumuladas en el último medio siglo de extrema subdivisión regional.

Una y otra opción opacaría la capacidad autónoma de los municipios.   

V- Autonomía Municipal:

Desde hace más de una década, activistas políticos en Cuba hemos exhortado por una efectiva implementación de la Autonomía Municipal, la que contribuiría a sistematizar la institucionalización de un modelo eficaz de Estado Federalista, para bien de la buena salud democrática en Cuba.  

Según teorías sociológicas y antropológicas, el origen de la autonomía se remonta a la prehistoria, cuando unas tribus establecían alianzas con otras, y entre sus propios integrantes ejerciendo la imprescindible convivencia en aquel mundo cultural primitivo.

Con la llegada de la cultura hispánica al territorio de la América, las autonomías regionales fueron en espiral, debido a la progresiva convivencia social intentando emanciparse del dominio impuesto.  Con el advenimiento del republicanismo y el concepto de ciudadano, la autonomía se transformó en expresión civil de libertad, progreso, autogobierno, y en instrumento jurídico de la filosofía liberal. 

Hoy en día las autonomías sirven para dirimir conflictos sociales y garantizar el equilibrio público. En determinadas naciones latinoamericanas la autonomía es un elemento político clave para establecer bases civilizadas, sin la cual la paz seguiría siendo una quimera.

Cuba no es la excepción de la regla, aunque por distintas razones. La autonomía tuvo precedentes tempranos bajo el mismo régimen colonial. El siglo XIX se inicia con la formación de dos corrientes de pensamiento esenciales: anexionismo y autonomismo. Los anexionistas creían en la integración del territorio cubano como otro Estado federativo de los Estados Unidos de América, y así lograr la autonomía federativa y poner fin al atraso en que se sumergía el archipiélago con el autoritario colonialismo español. Los autonomistas hacían uso del término para ganar cierta independencia de la metrópolis por la vía de la evolución pacífica. En ambas corrientes se fraguaban las ideas del autonomismo y el federalismo patrióticos. Subsiguientemente se incorpora el pensamiento independentista.  

En la nueva Constitución, aprobada a comienzo de 2019, se encuentra la palabra autonomía cinco veces repetida, en los ARTÍCULOS: 27; 89; 168 y 169.

ARTÍCULO 168: “El municipio es la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad político-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del desarrollo económico y social de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular.”

ARTÍCULO 169. “La autonomía del municipio comprende la elección o designación de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden, así como dictar acuerdos y disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades, según lo dispuesto en la Constitución y las leyes. La autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la nación.”

Para desarticular el embuste de los cuatro referidos artículos constitucionales, y adentrarnos en el estudio del origen e implementación de la autonomía en Cuba, se requiere develar el real significado de dos omnipresentes concepciones implícitamente antepuestas, “revolución y socialismo”, las cuales son antípodas de la genuina autonomía.    

Desde que el grupo guerrillero, en enero de 1959 y encabezado por Fidel Castro, conquistó el poder por la vía de las armas, se institucionalizó la anulación y vulneración de todos los derechos y libertades económicas y políticas ejercidas por la ciudadanía de modo individual, o mediante las organizaciones civiles libres que los agruparan de acuerdo a sus intereses pacíficos y honrados. Así quedó establecido que el proceso denominado “Revolución” era en la práctica el estado permanente de un implacable gobierno militar y policial, mientras que el término “Socialismo”, quedó como sinónimo de la perpetuidad del régimen, y de que todos los bienes de producción y servicios, por pequeños que fueran, quedarían sujetos al naciente Estado, anquilosado en la figura de su líder único, el Sr. Castro. 

Desde el inicio del castrismo hubo un designio de discriminación permanente y meticulosamente orquestado para dividir a los cubanos en dos bandos: “revolucionarios” y “contrarrevolucionarios”. Los primeros son los legitimados como “progresistas” y de izquierda. Son los autorizados para regir a sus anchas la gestión oficial. El otro bando, los que no aceptaron someterse al acatamiento incondicional de las leyes discriminatorias del oficialismo, son los descalificados y execrados, los “malvados enemigos de la Patria, mercenarios, reaccionarios, de derecha, contrarrevolucionarios, y gusanos”.

La “revolución socialista cubana” devino en un pretexto intangible. Un fantasma adornado con tintes encantadores, inoculado y expandido hacia todos los continentes, en estado aún más gaseoso e inasible a la hora de reclamarle derechos y justicia. Un subterfugio con el que se enmascara la despótica gobernanza, que induce o exige creer en “logros” para disimular errores, y peor aún, para frenar el desarrollo de la sociedad civil, transformándose en un hábitat imposible de soportar cuando se impone de acuerdo a los mezquinos intereses de la clase que la controla, la que antepone, falsa y manipuladoramente, la voluntad popular. 

Desde 1959, el régimen “socialista y revolucionario” fue desmontando aceleradamente el modelo republicano que comenzara lentamente a configurarse en Cuba luego de la independencia del colonialismo español en 1902. A partir de la llegada al poder del castrismo, todos los poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fueron colocados bajo la imperiosa dirección de un liderazgo centralizado en una sola figura, un “caudillo incuestionable” o “líder indiscutible”, al que más tarde, con su extendido tiempo en el poder, y aún después de muerto, se intenta legitimar con el sobrenombre de “líder histórico”.     

Otras tantas instituciones que garantizaban el orden y la libertad ciudadana durante la república (sistema electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, sistema de partidos, parlamento multipartidista, libertad de prensa, asociaciones civiles independientes, etc.), se sustituyeron por el Partido Comunista único junto con las “organizaciones de masa” diseñadas y guiadas por el poder reinante. Estas organizaciones serían dirigidas por el propio “líder indiscutible” y a la vez Comandante en Jefe de la nación, utilizando para su control el aparato político represivo, militarista y policial. Cuba retornaba a ser una colonia militar.  

El control ideológico impuesto a los cubanos(as) desde la niñez por este “nuevo orden”, condicionado por el constante adoctrinamiento, logró que cada persona se transformarse en su propio y celoso vigilante de lo que, de tiempo en tiempo, establece el Estado-partido-único, en fin, el régimen cubano, como lo “políticamente correcto”.  

Tal insolente monopolio de poder totalitario se concretó en la vigilancia y control de todos los aspectos de la vida individual y colectiva, produciendo la conversión y deterioro de los principios republicanos hacia una composición nacional de campamento militar en constante zafarrancho artificial de guerra preventiva “de todo el pueblo”. Este andamiaje social, instrumentado compulsivamente desde temprana edad y de manera constante, condiciona a cada uno de los pobladores a integrarse y depender de las “organizaciones políticas y de masa”.

Esas organizaciones de agrupamientos forzosos formalizan una parte importante de la propaganda oficial, pero en perpetuo mentís entre lo establecido como “políticamente correcto” y la realidad social en creciente penuria popular. Es una situación que engendra el comportamiento furtivo y el disimulo de las personas, una gran hipocresía entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace, y todo ello dentro de un ámbito encerrado con una visión distorsionada del escenario nacional e internacional. Sobre esta cruda práctica de paranoia, el régimen vino degenerando en una dictadura decadente, cuyo relevo generacional de nuevos cuadros dirigentes se ven compulsados a realizar cambios estructurales, con el fin de reacomodarse y conservar el dominio de la soberanía estatal, no para beneficiar con libertades al pueblo.       

En la Constitución de la República, recientemente reajustada a los afanes del régimen, llama la atención descubrir que el Partido Comunista de Cuba se erige en el rector del flamante documento, con supremacía aun mayor a la que ya contaba en la anterior Carta Magna, y, para rematar en su despotismo, quedando al margen de todo cuestionable reproche dirigido a su dirigencia.   

Más que justificado está que el gobierno instituido en Cuba no es legítimo, y se contradice con el apropiado concepto de autonomía, e incluso contraviene a la autonomía administrativa y popular expresado en los referidos artículos constitucionales: 168 y 169, aserciones ilusorias éstas que merecen contrastar con el concepto puro de autonomía municipal. 

En lo político, la autonomía debe permitir a los conciudadanos diseñar y llevar a cabo políticas públicas, planes sociales, iniciativas legislativas, etc., con preferencia en los intereses genuinos de las regiones comprendidas y no bajo directivas centralizadas desde la capital del país. En lo económico, la autonomía permite la autoridad en cuanto a la tributación municipal, costos, financiamientos, presupuesto, etc. Y en lo administrativo, la autonomía es todo lo relacionado con su organización interna, reglamentaciones a los servicios públicos municipales, etc. En resumen, poderes administrativos, legislativos y judiciales autónomos y equilibrados por un eficaz Estado de Derecho respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los Pactos y Protocolos Internacionales. Y, fundamentalmente, la regla de oro que caracteriza a las democracias que no ha de faltar: el derecho a elegir las principales autoridades municipales, de modo libre, transparente, verificable, soberana, directa y secreta por parte del electorado municipal.

En la práctica, el peculiar funcionamiento de esta solemne aseveración se desarrolla en Cuba de la siguiente manera: Los electores cubanos se reúnen dos veces al año en sus comunidades, denominadas Circunscripciones. Son las “reuniones de Rendición de Cuentas al delegado”. Son reuniones organizadas y dirigidas por los acólitos defensores del oficialismo, a su vez son miembros de las organizaciones de masa que apoyan al régimen, y generalmente miembros del PCC (Partido Comunista de Cuba). 

Cada un periodo de dos años y medio, en una de estas reuniones “relámpago”, con un exiguo nivel de asistencia y un apático deseo participativo, el electorado presente designa y vota a mano alzada por un precandidato a Delegado. Entre esa reducida masa de electores reunida, apabullantemente infiltradas por compinches oficialistas, se proponen nombres ya preseleccionados por las Comisiones de Candidatura locales, y hasta llegan a permitir que se proponga algún que otro candidato que no sea contemplado en el rigor selectivo, siempre que el mismo posea una personalidad política apacible y controlable, y subsista integrado al “proceso revolucionario”. En estas instancias, repetimos, los candidatos son seleccionados a mano alzada. Estas son las reuniones, supuestamente, de base de todo el sistema electivo para el gobierno del país. De esta forma se discrimina la más mínima aparición de personas francamente declaradas como disidentes u opositores al régimen.  

En otra convocatoria, casi siempre un día domingo, se llevan a efecto las elecciones para los delegados a las circunscripciones. Las urnas las orquestan funcionarios y ex funcionarios del gobierno y del Partido Comunista, con miembros de organizaciones políticas y de masa. La Ley Electoral prohíbe todo tipo de campaña diferenciada hacia uno u otro candidato, pero no la campaña en pro del oficialismo (el régimen),  que sí marchará a todo tren por todos los medios de difusión en la etapa de pre comicios. En las fichas de los precandidatos solo se exhibe públicamente el nombre, edad, profesión, organizaciones políticas y de masas a que pertenecen, o si son militares, y como guinda algún que otro dato halagüeño, por ejemplo, el de que esa persona participó en alguna misión gubernamental en el exterior del país, etc. 

Los precandidatos que resultan electos delegados de las circunscripciones conformarán los consejos de gobiernos locales, los que a su vez elegirán a los integrantes de las Asambleas Municipales. Y estos a su vez a los diversos representantes que conforman las estructuras administrativas municipales, derivando en una selección y organización en pirámide ascendente, que copa e impide la elección libre y directa por parte del electorado a los dirigentes. Así se designa el gobierno en Cuba, y en concubinato con las demás autoridades partidistas (PCC) y su membrecía, y los seguidores de las organizaciones de masa anexas.

Con la nueva Constitución muchísimos derechos ciudadanos siguen pendiendo en un limbo jurídico, los que se sabe serán rechazados, digamos: ¿Habrá comicios parciales este año 2020, según lo establecido, para designar Delegados de Circunscripción, sin una Ley electoral aún actualizada? ¿Se garantizará la legitimidad inclusiva y participativa para proponer y elegir candidatos de cualquier tendencia política y pensamiento filosófico? ¿Se permitirá la necesaria disensión? 

VI- Historia de las divisiones político-administrativas del archipiélago de Cuba:

Para proseguir con esta propuesta cívica, repasemos la historia de las divisiones territoriales en los aproximadamente 114,525 Km cuadrados del archipiélago cubano:

En 1510, fue creada la Gobernación de Cuba dentro del Virreinato de Nueva España, dependiente de la Real Audiencia de Santo Domingo y con capital en Santiago de Cuba. Se fundaron las 7 primeras villas: Baracoa, Bayamo, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Trinidad, Sancti Spíritus y San Cristóbal de La Habana.

En 1567, la Gobernación de Cuba se anexionó la provincia de La Florida.

En 1607, por Real Cédula del 8 de octubre de 1607, se dividió la Capitanía General de Cuba (creada en 1579) en dos gobiernos, el Occidental o de La Habana, y el Oriental o de Cuba, con sede en Santiago de Cuba y subordinado al Capitán General en La Habana. En esta primera división, el Departamento Occidental abarcaba aproximadamente hasta el territorio de las actuales provincias de Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara, mientras que el Oriental llegaba del extremo Este de la isla hasta Puerto Príncipe (Camagüey). Paradójicamente, las villas de Trinidad y Sancti Spíritus, en la zona central, no quedaron incluidas en ninguno de los dos Departamentos, situación corregida más tarde, en 1621, cuando ambas se integraron a la división Occidental.

En el siglo XVIII se comienzan a crear las Tenencias de Gobierno o jurisdicciones, zonas donde ejercían sus funciones los tenientes de Gobierno, lo que constituyó el primer tipo de división regional de carácter administrativo de la isla. Ya en 1774 en Cuba existían 18 jurisdicciones.

En 1819, por medio del Tratado de Adams-Onís, la Provincia de La Florida es cedida a los Estados Unidos.

En 1827, el gobierno colonial español dividió la Capitanía General de Cuba en tres departamentos administrativos:

• Occidental, con capital en La Habana y extensión hasta la jurisdicción de Colón (actual provincia de Matanzas).
• Central, con capital política en Trinidad y jurídica en Puerto Príncipe (actual Camagüey).
• Oriental (con capital en Santiago de Cuba).

En 1827 existían 21 jurisdicciones. En 1861 su número se había elevado a 32.

En 1853 el Departamento Central sería abolido y las jurisdicciones del centro, incluyendo Puerto Príncipe, pasarían al Departamento Occidental.

En 1878, después de la Guerra de los Diez Años, como consecuencia del Pacto del Zanjón el gobierno colonial español dividió a Cuba en seis provincias político-administrativas. Esta división fue llevada a cabo para «adaptar la división territorial de la Isla a la existente en la Península (ibérica) y para facilitar la elección de Diputados a las Cortes (del gobierno español)». Siguiendo la costumbre de la época en España, las provincias fueron nombradas por sus ciudades capitales: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe, y Santiago de Cuba.

Las provincias fueron a su vez divididas en términos municipales o municipios con sus respectivos ayuntamientos. Los municipios se organizaban en los poblados que contaran con al menos 1000 habitantes. En 1879 existían 110 municipios.

Finalizó la Guerra del 95 con la intervención norteamericana ente 1899 y 1902. El nombre de la Provincia de Puerto Príncipe fue cambiado por el de Camagüey. La población de la isla se redujo considerablemente a consecuencia de las acciones bélicas, la gran emigración hacia el extranjero y la política de reconcentración del gobernador español Valeriano Weyler. Como resultado, un gran número de cabeceras municipales fueron afectadas o destruidas. El gobierno interventor norteamericano realizó el censo de 1899 y determinó la abolición de muchos pequeños municipios.  Su número se redujo de 132 en 1899 a sólo 82.

El Consejo Provincial de Santiago de Cuba cambió el nombre de la provincia homónima por el de Oriente. Entre 1905 y 1919, el Congreso de la República restituyó paulatinamente muchos de los municipios eliminados. En 1919 ya eran 112.

En la Constitución Cubana de 1940, el nombre de la Provincia de Santa Clara fue cambiado por el de Las Villas.

En el censo de 1943, el número de municipios era de 126, cifra que se mantendría inalterable hasta 1959. Las provincias de Cuba en 1970 eran Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, y Oriente.

Durante la primera mitad del siglo, debido al crecimiento económico del país y a la inmigración, la población de la isla creció de manera abrupta. Particularmente, el poblamiento se desarrolló en las provincias de Oriente y Camagüey, en relación directa con la expansión de la agroindustria azucarera. En los años 50 era ya evidente la contradicción entre la creciente población y gran extensión de estas provincias (Oriente era ya la más poblada y extensa), y el escaso número de términos municipales en las mismas. Así, la extensión promedio de los términos municipales en Oriente y Camagüey superaba en dos y tres veces respectivamente la media nacional, y en 5 y 9 veces la extensión de los de La Habana, mientras que su población era casi el doble de la media nacional y entre 4 y 5 veces mayor que el promedio en Matanzas. Entre 1910 y 1953 sólo se crearon 5 términos municipales en esas provincias.

En 1968 había ya 292 municipios repartidos en 38 regionales. La extensión y población de los municipios tendió a homogeneizarse en todas las provincias, con una media nacional de casi 30 mil habitantes por municipio. Se crearon numerosos municipios también en zonas montañosas y rurales que no contaban con núcleos urbanos y también en zonas rurales de fomento agrícola. No obstante, el proceso continuo alcanzó su máximo entre 1973 y 1975 con 407 municipios y 58 regionales.

Ocurrieron también cambios en los límites provinciales. Así, en 1963 la Ciénaga de Zapata fue transferida de la provincia de Las Villas a Matanzas, en 1969 de Pinar del Río a La Habana fueron transferidos los municipios de Artemisa, Guanajay, Cabañas y Mariel (Regional Artemisa). En 1970, Camagüey cedió a Las Villas el municipio de Jatibonico, y a Oriente, Amancio y Colombia (Elia).

En 1975 el I Congreso del Partido Comunista de Cuba se pronunció por modificar la organización territorial del país, suprimir el eslabón regional, aumentar el número de provincias y reducir el de municipios. La Asamblea Nacional aprobó en 1976 la Ley de División Político-Administrativa del país con 14 provincias y 169 municipios. La Provincia de La Habana se dividió en las provincias de Ciudad de la Habana, La Habana y el Municipio Especial de Isla de Pinos (a partir de 1978, Isla de la Juventud), de subordinación central, o sea no incluido en ninguna provincia. La capital de la Provincia de La Habana residía en la Ciudad de La Habana, o sea fuera de su territorio provincial. Se subdividió la Provincia de Las Villas en las Provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus; y la de Camagüey en las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Se subdividió la Provincia de Oriente en las provincias de Las Tunas, Granma (con capital en Bayamo), Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. La nueva DPA mantuvo la tendencia a homogeneizar la población y extensión de los municipios entre las provincias, con un promedio nacional de 56 mil habitantes. Solo excepcionalmente, se aprobaron algunos municipios por debajo de 20 000 habitantes, 20 en total, de los cuales solo 10 se mantenían por debajo de esa cifra en 2009. Para la conformación de los nuevos municipios se tuvieron también en cuenta las relaciones económicas, en particular en la esfera agroindustrial azucarera y las grandes granjas agrícolas y ganaderas del Estado. La Provincia con mayor número de municipios era La Habana, con 19 y las de menos, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Las Tunas, con 8 cada una.

En 2011, la Provincia de La Habana es dividida en dos provincias, Artemisa y Mayabeque, llegando a 15 provincias y un municipio especial, contando a partir de entonces con 168 municipios. La provincia de Pinar del Rio pierde una franja de su territorio, incluido El Mariel.

VII- Economía de Libre Mercado, pleno respeto al Derecho de la Propiedad, y Capitalismo Liberal, es la proyección de ¡Arriba Cuba!:

Un individuo, en su plena capacidad legal, física y mental, no precisa otros individuos que le controlen, organicen y guíen sus rutinas cotidianas, digamos, asearse, alimentarse, vestirse, sus preferencias, u otras actividades del ocio, o fisiológicas. En igual medida la economía no requiere ni precisa la desvelada omnipresencia por parte de un grupo de funcionarios burócratas controlando y guiando las actividades productivas diarias. Tampoco de planificadores económicos al servicio del capitalismo de Estado, mal interpretando y planificando los códigos de comportamiento y de inteligencia en relación con la producción de riquezas personales y colectivas.

La organización laboral y el emprendimiento creativo son frutos de la libertad individual. “Si al hombre se lo deja en libertad, no sólo conseguirá su propio beneficio, sino también impulsará el bien común”. Así justificaba Adams Smith su reivindicación de dejar en libertad las relaciones de intercambio entre los hombres, asegurando que el libre juego de las motivaciones nombradas conduce a un equilibrio natural.

Meramente este proyecto atestigua que las propiedades: personal y privada, pública y estatal, son derechos humanos primordiales para obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de riquezas (espirituales y materiales), empoderando a los individuos para dejar esas riquezas en forma de capital y de herencias a las descendencias subsiguientes. Y los aseguradores de legislar esos derechos serán los municipios y los departamentos en coherencia con el Consejo de Ministros federal.   

“ARTÍCULO 27 de la Constitución, aprobada a comienzos de 2019, el cual aduce: “La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales.”

El Partido Comunista de Cuba debía denominarse Partido Capitalista de Cuba. Una corrección semántica que, como ironía, dejaría intacto su acrónimo de PCC.

Y, ¿qué se puede esperar de un partido en el que muy pocos de sus afiliados se han leído el Manifiesto Comunista, y menos El Capital de Marx, que ni siquiera reconocen la índole del comunismo original, que es una perenne guerra de clases entre ricos y pobres? Pero la verdad resultante es que, en el siglo XXI, cualquier versión con afán modernista de socialismo o comunismo equivale a ser lo que objetivamente significa: un régimen de capitalismo estatal.   

En Cuba los supuestos “comunistas” hasta lo admiten. Queda reconocido en una oración del mencionado ARTÍCULO 27: “La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional…” 

En la práctica “empresa”, es un término con variedad de acepciones, mas, su definición económica significa lo mismo en cualquier parte del mundo, “es la unidad de organización dedicada a actividades de producción o de prestación de servicios industriales y/o mercantiles, con fines comerciales de lucro, dirigida a satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los clientes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones”.

Por otra parte, el concepto de “estatal” en todos los diccionarios y lenguas significa “perteneciente o relativo al Estado”. Así queda despejado que en la faz de la tierra únicamente existe un solo sistema económico, el capitalismo, institucionalizado en dos manifestaciones de propiedad: el capitalismo estatal y el capitalismo liberal, y entre estos dos extremos, simbolizados con los apodos políticos de izquierda y derecha, se acumulan una diversidad y combinación de capitales empresariales.   

En Cuba, el velado capitalismo estatal se define en el Artículo 27, al confirmar que: “… (La empresa estatal) desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales”. En teoría es la misma función que cumplen las corporaciones, cooperativas, sociedades anónimas, empresas privadas, y toda la complejidad de formas de producción capitalista en una nación que goce de economía de mercado.

Para concluir la definición, el término “socialista», machacado en la Constitución cubana, y explicado con antelación en este texto, aparece no para establecer un marco jurídico de igualdad social, sino para remarcar la permanencia de un monopolio estatal, y la exclusión de la sociedad en el ejercicio real de la propiedad del país y sus bienes. Esto se justifica a diario con la fragante violación al derecho de propiedad privada, el decomiso y el embargo de bienes que solo produce miseria acumulada entre la población cubana, y en una macro economía para nada al servicio del pueblo, sino para los intereses de una selecta casta de quienes amasan todo el capital material y humano en la producción de bienes y servicios, y en el alquiler de infraestructura y de mano de obra barata y mal pagada. Ejemplos de lucro estatal quedan evidenciados en las gerencias de hoteles, medios de transporte, energía y minas, personal de la salud pública y la construcción, asesoría castrense a otros gobernantes de países, etc. Por ende, el “socialismo cubano” resulta en realidad un término de embeleco, a la par que el gaseoso e inasible concepto de “revolución”.  

La economía de cualquier país se sustenta en su política nacional e internacional, y en el mismo sentido las decisiones políticas influyen en la economía del patio. Economía y política son elementos inseparablemente dependientes una de la otra, como una Ley natural, ya sea en Corea del Norte y China, como en Estados Unidos de América y Brasil.  

Sobre esa base, el Artículo 27 de la actual Constitución de Cuba se contradice, y al mismo tiempo manipula a la ciudadanía cuando expresa que: “(La empresa estatal) dispone de autonomía en su administración y gestión…”. Porque no podrá existir “autonomía” si los medios de producción nacionales los dirige y los controla el Estado, y al Estado lo dirige y controla el Partido Comunista de Cuba (PCC), y al PCC lo dirige y controla un muy reducido número de personas que se auto eligen para mandar.

Hasta hace unos años en Cuba, quien todo lo dirigía y lo controlaba era un Comandante en Jefe. En el presente es una reducida “casta histórica”, en su mayoría constituida por militares de la facción victoriosa de la guerra civil iniciada hace más de 60 años. El envejecimiento de sus integrantes en los últimos tiempos va derivando en una nomenclatura empeñada en un reagrupamiento cívico-militar y policial. La nueva incorporación de personajes civiles en la estrategia del poder se enfila a cambiar todo lo que sea posible dentro del esquema totalitario sin perder, sino aumentar, el férreo control del Estado. Esto forzosamente incide en el escabroso horizonte económico nacional, haciendo aguas como nave estatal.

En los regímenes con economía estatal, los gobernantes persiguen permanecer indefinidamente, adecuando las estructuras estatales a su conveniencia, no a las de la mayoría. Lo peor es que con la globalización se agudizan estos extremos opuestos, y el capitalismo de tipo estatal llega a su máxima expresión totalitaria para hacerse con el control absoluto de las riquezas de las naciones donde logra afianzarse, y utilizarlas a comodidad de sus intereses geopolíticos de grupo mandante, y con el poder económico que capturen empeñarse en una labor de desestabilización regional en los países democráticos con economía liberal. Un modelo actual y cercano a Cuba lo será Venezuela con el chavismo. Otros regímenes clásicos más primitivos de capitalismo estatal o de izquierda fueron: nazismo, fascismo, estalinismo, maoísmo, o actual  norcoreano, etc.

Por el contrario, en la economía liberal los gobernantes, por muy ambiciosos que sean, nunca podrán controlar absolutamente los medios de producción, y tampoco tendrán dominio absoluto de las estructuras públicas, porque en gran medida se lo impide el estado de derecho y los intereses privados. Por consiguiente, el desarrollo económico de Cuba ha de transitar por una auténtica autonomía municipal, establecida sobre un genuino estado de derecho, y con respaldo del capitalismo liberal.

Los cubanos experimentamos en carne propia, por más de seis décadas, el ultra capitalismo de Estado unitario, que el anarquista Benjamín Tucker definió así:

“(Karl) Marx concluyó, que la única manera de abolir los monopolios de clase era centralizar y consolidar todos los intereses industriales y comerciales, todas las agencias y organismos de producción y distribución, en un vasto monopolio controlado por el Estado. El gobierno debe convertirse en banquero, fabricante, agricultor, transportista, y mercader, y no debe sufrir ninguna competencia en estas áreas. Tierra, máquinas, y todos los instrumentos de producción deben ser arrebatados de las manos individuales, y hechos propiedad de la colectividad. El individuo sólo debe poseer los productos a ser consumidos, pero no los medios para producir esos productos. Un hombre puede poseer sus ropas y su alimento, pero no la máquina de coser con que hace sus camisas ni el azadón con que desentierra sus papas. Producto y capital son esencialmente cosas diferentes; el primero pertenece a los individuos, el segundo a la sociedad.

La sociedad debe hacerse dueña del capital que le pertenece, por la vía electoral si es posible o por medio de la revolución si fuera necesario.

Una vez en posesión del capital, lo debe administrar bajo el principio del bienestar de la mayoría, a través de su órgano, el Estado, el cual se encarga de la producción y la distribución, fija los precios por la cantidad de trabajo involucrada, y emplea a toda la gente en sus talleres, granjas, almacenes, etc. La nación se transformará en una vasta burocracia, y cada individuo en un funcionario del Estado. Todo deberá ser hecho a precio de costo, sin que nadie pueda extraer ganancia. Los individuos no podrán poseer capital y nadie podrá emplear a ningún otro, ni siquiera a sí mismo. Toda persona será un asalariado, y el Estado el único empleador. Aquel que no trabaje para el Estado deberá exponerse a morir de hambre o, más probablemente, ir a la cárcel. Toda libertad de comercio deberá desaparecer. La competencia deberá ser completamente barrida. Toda actividad industrial y comercial estará centralizada en un vasto, enorme y totalizador monopolio. El remedio contra los monopolios es EL MONOPOLIO.”

VIII- Cuba necesita un Sistema de Salud Pública mixta: estatal y privada.

La salud pública privada es una alternativa que puede ir a la par de la salud pública estatal. En conjunto se complementan. Las buenas políticas públicas basadas en el libre mercado originan mucho bienestar social, y son aplicables en la producción de bienes y servicios. También en los sistemas de la salud. Permitir la libre inversión de capital en todas las áreas de la salud, sea de inversores nacionales o foráneos, redunda en generación de empleos, y calidad y prosperidad en la asistencia sanitaria de la mayoría de la población.

Es importante establecer una dinámica de inversión de amplio acceso que permita abaratar costos de los servicios médicos, instituir impuestos justos, así como abrir un competitivo campo para el trabajo de las compañías de seguros. Este proyecto apuntala esta proyección en términos de salud pública.

¡Arriba Cuba! insta a que el futuro Consejo de Ministros, en particular el Ministerio de Salud Pública Nacional, en coordinación con las competentes los sub ministerios, agencias, organismos y dependencias de Salud Pública en los Departamentos, sean los consignados a proteger y mejorar la salud pública de la población, así como el control y la erradicación de las enfermedades, epidemias, y aplicar las metodologías sanitarias y de planificación, supervisión e implementación en ese sentido.  

En Cuba se prohíbe ejercer la medicina privada al personal médico graduado con posterioridad a 1960, es decir posterior a la llegada del régimen castrista, y su propaganda oficial ha sido una herramienta fundamental para exagerar los beneficios de la salud pública estatal cubana. Una de esas herramientas son las vigentes Misiones Médicas. 

Las Misiones Médicas cubanas se pueden calificar de acción económica que combina las peores prácticas del capitalismo de Estado con la vieja pericia del esclavismo. El mayor beneficiario de la transacción laboral resulta ser el Estado cubano (entiéndase régimen castrista), que de modo expedito y sencillo se embolsa un promedio del 75 {0d588ba7f48bcf149ea3d99ef3fe9d939ded77b926add77e789755f3fe155431} de cada salario mensual, y del cuarto restante o menos una parte le es entregado al contratado como “ayuda o subsidio”, no como salario, otra parte tiene que ser cobrada en territorio de Cuba, en tanto que otra porción se transformará en remesas y paquetería enviadas por el profesional a su familia.

Se estima que en su reciente mejor periodo de expansión en esta estrategia recaudadora de divisas y de influencia, el Estado castrista rubricó contratos anuales por unos 1800 o 2000 millones de dólares, deduciendo según datos oficiales que las cifras de doctores, personal técnico asistente y “controladores” de estas brigadas en el extranjero llegó a récord de 50 mil, con salarios mensuales, de lo que se reveló en el  escandaloso affaire de Brasil, de más de 3 mil dólares al mes, y en países árabes pudientes las ventajas en los montos son superiores.

Así, el Estado cubano goza de un ingreso neto sumamente rentable, sin graves pérdidas que conllevarían otras actividades comerciales por conceptos de inversión en metálico o gastos materiales, etc. Los riesgos son mínimos y prevenibles: basta con sustituir un individuo “díscolo” o “no confiable” por otro del montón mal pagado en Cuba, ansioso y a la espera, sin interferencia posible del arbitraje sindical, y ni siquiera de enérgicas muestras de alarma o escándalo por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El alquiler del personal médico para “misiones humanitarias” en el extranjero no es solo un negocio lucrativo, pues paralelamente a esa prestación del servicio de personal especializado, la misión cumple con otros requerimientos encubiertos que nada tendrían que ver con su profesión, como el proselitismo oficial castrista para invisibilizar enormes errores internos, problemas, malas praxis y carencias de la medicina cubana, y agregándosele el intento supervisado de influenciar políticamente en el medio donde se encuentren. En diversos escenarios se llega a perpetrar hasta el más pedestre espionaje en la búsqueda de información válida para el régimen antillano, intentando influir luego, solapadamente, en la geopolítica regional y global.

Pese al escandaloso affaire brasileño expuesto a la luz, con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y su matriz, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y anteriores gobiernos de izquierda, todavía continúan implementándose calladamente los contratos laborales relacionados con prestación de servicios médicos, efectuados por la gestión interesada de la OMS y OPS entre los ministerios de Salud Pública de la isla y los de otros países.

Y, ¿cómo siguen ocurriendo estos tipos de componenda? ¿Y por qué tal hermeticidad en estos procedimientos de contratación? 

A la cabecera de cada brigada en misión médica marcha el aparato de la Inteligencia Cubana y el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC). Como mínimo incluye un equipo que interviene en la “seguridad” de la misión médica, habitualmente vigilado por personal con fachada de diplomáticos de las embajadas cubanas en el exterior, y otro capacitado en periodismo, con la tarea de recaudar información favorable y/o perjudicial al régimen, además de encargarse de la publicidad y la propaganda. Se les instruye en funciones básicas de captación de información o de influencia. El proceso inicial incluye el abanderamiento y el “juramento de honor” de no “traicionar a la patria en ningún momento”. Son cometidos similares al de las expediciones militares, e implementados en las misiones deportivas llevadas a cabo con aires castrenses por el régimen durante su existencia de más de seis décadas.

Todo el personal médico contratado (que en el caso de Venezuela es el mayor despliegue, con técnicos, choferes, y otros oficios de incógnita oficial) está compulsado a aceptar la metodología de trabajo establecida por la cúspide del poder en Cuba para su trabajo en el extranjero, sin derecho a opinión o recomendaciones. El contrato es secreto y alejado de las manos del profesional contratado, lo que va contra las normativas internacionales de transparencia en la práctica laboral. Asimismo, el análisis y aprobación en cada candidato para las “misiones” las autoriza una comisión que toma en cuenta con mayor rigor el nivel de credenciales político-ideológicas del aspirante, que su capacitación profesional. En su generalidad se les retira el pasaporte al llegar al país donde se efectuará la misión, y sus vidas en las zonas desoladas donde son enviados carece de seguridad, demostrado con los dos galenos cubanos en Uganda que permanecen secuestrados y desaparecidos hace más de un año, supuestamente por terroristas islámicos de Boko Haram. 

La vehemencia discursiva, cumplimentando órdenes de sus jefes en La Habana, exige una exageración en las cantidades de “pacientes atendidos” y “las vidas salvadas”, sucesos denunciado por el gobierno de transición en Bolivia.  

Otro privilegio que se adjudica el Estado cubano es un resultado eficiente e incalculablemente provechoso para lograr metástasis favorable en la geopolítica que se desarrolla dentro de las instituciones globales, supuestamente apolíticas, principalmente en la Organización de Naciones Unidas (ONU), con implicaciones en otras entidades globales y regionales. Ya que ese personal profesional médico cubano en estos países de bajo desarrollo, pongamos por ejemplo en Latinoamérica, África o Asia, a diverso nivel tienen contactos directos e indirectos con los respectivos gobiernos o sus representantes, lo  que se traduce en capacidad para cabildear. En cada uno de estos Estados cómplices, los políticos de turno manejan a conveniencia las políticas domésticas utilizando el personal médico cubano para ello. Son generalmente aliados, amigos o simpatizantes del aparato dirigente del Estado cubano, y en muchos aspectos influenciados por el castrismo y su modelo de sociedad a imitar. A menudo son utilizados para ejercer presiones en la arena internacional a favor del Estado cubano o viceversa, en favores recíprocos. Y todo ello sin descontar alguna que otra coordinación de venta de influencias o de turbias transacciones comerciales. 

Sin embargo, dentro de esta solapada obra de penetración, aparentemente tan perfecta, la corrupción hace de las suyas. Una enfermera, la que reserva su nombre por temor a represalias, comentó que para formar parte de una “misión” le exigieron conocer un idioma, y con el tiempo supo de otros a los que no les tenían en cuenta ese requisito, y que hubo relación de amistad para alcanzar ser incluidos en misiones médicas al extranjero, pero hubo también sobornos. Que, en algunos contingentes despachados en los buenos tiempos de principios del presente siglo, cuando existían múltiples gobiernos latinoamericanos amigos del cubano, “se sobornaba con una “comisión” y te ibas de viaje”, expuso ella. Las “comisiones” podían pasar de 500 CUC (un similar al dólar), llegando a 1000.

Las familias en Cuba de este personal en “misiones”, con agrado o no, se someten al comprometimiento de su familiar trabajando afuera, y callan toda protesta con tal de recibir los magros beneficios de la labor del pariente “misionero”, mucho mayores que si estuviera laborando en Cuba. El impacto de mejora del nivel de vida familiar y en el consumo es innegable, aunque engañoso, sobre todo si se lo compara con un ingreso digno de un profesional médico en las naciones caribeñas. Debido a la pobreza en Cuba cualquier persona que reciba algún tipo de remesas del mundo exterior, y por pequeña que sea, adquiere un mayor nivel de vida y mayores posibilidades de consumo per cápita.

Estas misiones muchas veces tienen un costo insuperable en el daño a la propia familia, dadas por cuestiones humillantes, en que los médicos, padres de una familia, en el ansia de adquirir un ingreso que nunca van a percibir en el país, para solventar las necesidades que llevan arrastrando por años, parten en dos brigadas distintas a cumplir misiones, por dos o tres años, dejando a sus hijos en manos de familiares o parientes, a consecuencia de que no se autoriza que la familia vaya a visitarlo o a convivir con ellos en la misión.

El aspecto punitivo y castigador del Estado manipula al personal médico, inclusive en su entorno familiar, y siempre deja pendiendo sobre las cabezas de los misioneros el hecho que si, por su cuenta abandona la misión y se queda en el país al que fuera enviado, se le impide volver a Cuba por ocho años, a modo de sanción a su “deserción”. Recuérdese que se construyen las misiones en símil al espíritu militar del régimen, y el lenguaje marcial juega un rol esencial.

Un galeno que trabajó en Trinidad y Tobago expuso que contactó con un colega oriundo de allí que pertenecía a su misma congregación fraternal. Éste le dio trabajo “por la izquierda” en la especialidad de cirugía en su clínica privada. Ahí el médico cubano se enteró de la presencia de una comunidad de cubanos con residencia legal en estas islitas del Caribe, muy activos en diversos negocios del turismo y la compra de productos para exportar a Cuba. Similar a todos los lugares donde arriban los colaboradores médicos suministrados por el gobierno cubano, el doctor que da este testimonio no descarta, y de hecho se realizan, coordinaciones entre los ejecutivos de estas brigadas médicas y ese sector cubano misterioso que opera en el área, y con mediación de las sedes diplomáticas cubanas establecidas en dichos países. 

A inicios del siglo presente las autoridades cubanas les permitían a los miembros de estas “misiones” importar gran cantidad de enseres a su familia, que irían reduciéndose con el agravamiento de la crisis en Venezuela y el cese de los gobiernos izquierdistas en el continente. Esta práctica fue mutando hacia el descalabro y conclusión de jugosos acuerdos. Hoy, al contingente médico cubano “Henry Reeve” se le compara con un comando de asalto. Su cometido es intervenir en lugares de alto riesgo epidemiológico, para enfrentar virus del ébola, y en la actualidad el Covid-19. Aquí el negocio gordo, independiente del financiero, resulta en obtener méritos con la OMS y la ONU (hasta de un premio Nobel), y buscar donativos, cuya procedencia en la mayoría de las ocasiones no es informada por los medios de información nacionales. En todos los organismos de la ONU el gobierno cubano inserta personal especializado para amañar recursos de todo tipo, un personal insistente que no tiene descanso en dicha tarea, y en el ámbito del Ministerio de Salud, emplean incluso sus laboratorios farmacéuticos instalados en Cuba, y se empeñan en conseguir la materia prima para la producción y luego comercialización de medicamentos.

Las operaciones médicas en el exterior generan donaciones humanitarias. La ausencia de información detallada de lo que se recibe en donaciones por instituciones foráneas es simplemente por la utilización sórdida de las normas del secretismo, que el régimen normalmente ha practicado de acuerdo a sus estrechos intereses con la población isleña. Una vez en Cuba, las donaciones humanitarias han sido vendidas a la población en las redes estatales de comercio, a precios asequibles o no, o pasan a formar parte de las incógnitas reservas del Estado, y quizás el destino final de una parte sea re-donada a otro país, “compromisos” de por medio. Aparte de, ¿Cuánto dinero exactamente se embolsilla esta industria estatal?, otra inquietud popular es ¿Adónde va a parar justamente la fortuna? 

Fidel Castro descubrió, a fuerza de fracaso tras fracaso y de su paranoica gestión empresarial, que alquilar personal médico resultaba más útil que el turismo, la minería, la agricultura, y demás negocios que necesitan de políticas de inversión y de personal calificado en técnicas de comercio y del capitalismo liberal. Estos son conocimientos muy escasos y faltos de práctica en la nación. Con las misiones médicas se suprime al mínimo las pérdidas por “desvío de recursos”, o sea robo de materia prima y artículos en los almacenes, que toman el rumbo de la economía informal, y que al final de cada siclo económico disminuyen las ganancias, y no resultan tan abundantes como se prometía. Por ello, el fascinante atractivo de alquilar personal médico y paramédico, en calidad de siervos profesionales, y para colmo sin problemas para excluirles sus derechos laborales y esquilmarle buena parte de su sustento, se convierte en un negocio ideal emergiendo del lomo de los “contratados”. Un mecanismo de dominación, control y manipulación totalitaria, que se intenta desvirtuar tras una aparente operación de humanidad. Un tipo de mercenarismo, arropado en batas blancas, y consumado en pleno siglo XXI.

Condiciones imaginables ésas en comparecencia de un Estado de Derecho, protector del empoderamiento social, y con el arbitrio de organizaciones libres y descentralizadas de la tutela estatal.           

IX- Cuba también necesita un Sistema de Educación Pública de propiedad mixta: estatal y privada.

La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes, vinculada a la concienciación cultural, moral y conductual, y, por ende, ha de incluir todas las variantes de propiedad posible.

Los métodos de educación cubanos para la educación infantil, la primaria, secundaria y superior, han de corresponderse con las convenciones internacionales y protocolos de Naciones Unidas y las tradiciones cubanas, soslayando la desinformación en acción y efecto, y procurando evitar el desconocimiento o la ignorancia a través de la circulación y divulgación del derecho a la libre expresión y circulación de datos, argumentos, noticias, información, etc.

Más allá de esquemas preconcebidos y que tienden a favorecer el desarrollo de la conciencia, tendrán un origen no solo en la razón e inteligencia, sino en la base de la enseñanza de la cultura de los derechos humanos y la justicia social, y la vida culta en la sociedad. Son principios, métodos, prácticas, técnicas, aportaciones y posturas de pensamiento presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La vinculación con una educación bilingüe, o trilingüe, conocedora de los contextos ciudadanos y de una cultura inclusiva y accesible para todos, amparada en una Ley específica para las personas con discapacidad. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros ignoradas. Ese intelecto y conocimiento para promover y potenciar el desarrollo de las virtudes psíquicas y cognitivas del educando, diferenciando la educación y la instrucción de la forzada e inculcada por la vía del adoctrinamiento, filosófico, religioso o ideológico, que solo repite e inculca la información, ya sea correcta o errónea.

Hace más de dos milenios, Pericles refirió que, «El hombre que no presta atención a los problemas de su ciudad no es un pacífico habitante, sino un mal ciudadano”. Hoy, prestar atención a las cuestiones ciudadanas implica, para los citadinos habitantes de Cuba, exigir a los funcionarios del Estado institucionalizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, y adherirse a las Convenciones,  Pactos y Protocolos Internacionales, e instaurar metodologías públicas en bien del Estado de Derecho, que contengan elecciones libres, transparentes y verificables, y respeto a la propiedad privada. También concierne al habitante pacífico presentar iniciativas cívicas que redunden en provecho propio y en el de sus conciudadanos, para bien del desarrollo de la personalidad, y del sistema educativo.

En ¿Arriba Cuba!, los municipios, departamentos, y provincias, en interacción con el Consejo de Ministros, en específico con el Ministerio de educación, acondicionan y supervisan los cánones educativos, y las influencias en lo escolar, familiar, laboral, social, cultural, etc.,  conforme a las ciencias sociales y humanidades, tiene por objeto analizar y comprender el fenómeno de la educación, intrínseco a la especie humana, basado en procesos sistemáticos de aprendizaje, conocimiento, desarrollo de capacidades y habilidades, que facilitan la toma de decisiones.

En versión machista y de lealtad al costumbrismo populista para escalar en los mandos superiores del poder, fue siempre la de fijar la vista en los proto hombres, apuestos y de buen tipo, escogido por la elite para capturar, con esa “buena imagen visible”, al electorado cursi, y exacerbando la acentuada discriminación a la capacidad pragmática, la integridad e inteligencia creativa de los cuadros políticos en sus proyecciones de las políticas públicas.

Las redes sociales y los adelantos tecnológicos en los medios de comunicación y difusión facilitarían al Sistema de Educación remplazar tabúes con soluciones libertarias, y enmendar contenidos gazapos proveyendo condiciones a rienda suelta que promuevan diálogos, debates polémicos ventajosos, que permitan empoderar al pueblo.   

X- Día de la Bandera de Cuba:

Habiendo ondeado por primera vez en Cuba el 19 de mayo de 1850, y siendo la Bandera de Cuba el emblema patrio que identifica nuestra nación, y el símbolo nacional más reconocido por los cubanos(as), se hace necesario apelar al derecho de gestionar de manera pública y legítima que:

“Se adopte el 19 de mayo como Día de la Bandera de Cuba, y que dicha fecha se declare jornada feriada en todo el territorio nacional cubano”. 

Los objetivos de la Campaña por el Día de la Bandera de Cuba serían:

Convertir el día 19 de mayo en una jornada para honrar el símbolo en torno al cual se unen los cubanos en un secular futuro republicano. Y para celebrar y consolidar su nación en busca de progreso y bienestar y garantizar la libertad. En juicio razonable de respeto mutuo entre gobernantes y sociedad civil cubana, y más allá de nuestras fronteras nacionales, asimilar la necesaria realidad de consentir relacionar la sociedad civil cubana con la de los pueblos del mundo, de manera abierta y sin obstáculos injustos o burocráticos. Renunciando al militarismo institucionalizado en la concepción de ver a Cuba como peñón de resistencia, para transformarla positiva y distinguiblemente al espíritu fundacional de nuestra nacionalidad, dando realce a la particularidad de ser ciudadanos beneficiados por una patria acogedora. Valiéndonos de un Estado de Derecho en el que se acate la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los fundamentos sociales de Integración e Inclusión; donde se enaltezcan los tres poderes independientes de las democracias modernas: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, se dignifique un sistema electoral de voto directo, secreto y verificable, y se iguale el valor e importancia de la soberanía colectiva al de la soberanía individual de cada persona.

XI- Reforma al Sistema de Transporte en Cuba: 

Desde los albores de la humanidad la transportación es el medio más importante de comunicación y comercio. Por ende, no llegará el pleno desarrollo humano a lugares donde no existan accesos fluviales, caminos, carreteras, líneas ferroviarias, o aeropuertos, ni medios de transportación constante, segura y eficiente.

Las características insulares de la geografía cubana, alargada de este a oeste, estrecha de norte a sur, y estratégicamente intercalada en el Mar Caribe, proporcionan ventajas que no están siendo explotadas en beneficio de la nación, las que con un adecuado plan de inversiones consolidarían las bases para el desarrollo sostenible y armónico de todo el país. Asimismo, la división político-administrativa tri-departamental facilitaría los propósitos y resultados de esta encomienda, amén de las más sofisticadas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Conscientes de la presente globalización, con niveles de comunicaciones, comercio y variada productividad nunca antes vistos, fuerzan a encontrar legislaciones de libre mercado que estimulen la presencia de capital de inversión especializado, nacional e internacionales, para acometer las siguientes propuestas de Reforma al Sistema de Transporte en Cuba:     

1. a) Transporte Automovilístico: Este medio resulta el más satisfactorio para conducir pasajeros y mercancías, de modo directo y sin escalas, entre cualquier origen y su destino final.

             Para ello se hace ineludible concluir los grandes tramos que faltan a la carretera nacional denominada Ocho Vías, y rehabilitarla en su totalidad, aplicando al proyecto diseños funcionales e innovadores.

             En función de su valor patrimonial, corresponde restaurar íntegramente la Carretera Central, y paralela a ella construir una nueva vía, propiciando cuatro sendas de un extremo a otro del país: dos de ida y dos de regreso, lo que aumentaría la transportación a la vez que la seguridad vial.          

             Quedaría en manos de los funcionarios y empresarios departamentales el financiamiento y los proyectos que aprovecharían esta comunicación nacional para impulsar el desarrollo de las demás vías de transporte de segunda y tercera categoría regionales.

1. b) Transporte Ferroviario: Remozar y desarrollar la transportación por ferrocarril; conocido internacionalmente como el medio terrestre más rápido y barato, por su relativo menor gasto de combustible y gran capacidad de carga.

             Proponemos ampliar el presente sistema a por lo menos dos vías nacionales ferroviarias, una de ida y otra de regreso, acompañadas de sistemas de controles computarizados, para elevar la transportación de pasajeros, de mercancía y materia prima.  

             Reparar las vías ferroviarias secundarias ya existentes y sus ramales útiles, tarea que quedaría en manos de las autoridades departamentales de acuerdo a sus intereses regionales.  

             En el contexto urbano de las mayores ciudades, y en dependencia de contingencias naturales, topográficas y necesidades citadinas, concertar los análisis de factibilidad dirigidos a la construcción de vías para Trenes Metros en cualquiera de las variantes que se estimen apropiadas.        

1. c) Transporte Marítimo:

             Emprender el estudio para la ejecución del proyecto marítimo “Canal Vía Cuba”, abandonado en la década del 50 del siglo pasado. Esta vía fluvial comunicaría el litoral norte de la isla, por la ciudad de Matanzas, con la costa sur, cercana a la península de Zapata, agilizando la navegación nacional e internacional, acortando distancia y gastos en recorrer cientos de millas marítimas, en rutas comerciales y turísticas que hoy implican bojear toda la costa cubana en sus dos extremos.

El área en las dos orillas del Canal sería considerada zona franca, estableciéndose un incremento de almacenes de transacción y de compra-venta de mercancías, hotelería y turismo, y en equivalencia se impulsaría la industrialización, traducida en puestos de trabajo, cobro de impuestos, montaje de astilleros para fabricar y reparar embarcaciones, etc. Sus oponentes del pasado alegaban que cortaría a Cuba en dos, y ciertamente hubiese cercenado el falso nacionalismo que nos trajo el castrismo. Otra negativa prendió con el pretexto de que salinizaría las tierras aledañas, lo que se impediría sencillamente con métodos herméticos de ingeniería moderna.  

             Modernizar y dragar a cabalidad los puertos del territorio cubano y permitir el mayor acceso popular a los beneficios que el mar ofrece para negocios y disfrute, tal cual sucede en otras naciones isleñas del área colindante.

             Permitir la libre inversión privada, a nacionales y extranjeros, en medios de pesca, de transporte de mercancías y personas.

             Por último, se propone favorecer en los impuestos, como medio de estímulo, las inversiones de trasporte local de pasajeros por vía marítima hacia todos los puntos costeros de la isla.

1. d) TRANSPORTE AEREO:

             Edificar y modernizar en aeropuertos flamantes a las ciudades, atendiendo a los intereses económicos de la población, no solo para vuelos internacionales sino también para proveer el conveniente flujo de viajes nacionales y de chárter en aeronaves medianas y ligeras (avionetas, helicópteros, uso de drones, etc.) en los respectivos Departamentos.          

La indicación en todas las especialidades del transporte es acudir a la inversión privada, nacional y extranjera, contemplando las más avanzadas normas internacionales en materia de inclusión social y accesibilidad para las personas con discapacidad, en todas las áreas de tránsito y estacionamiento vehicular y pasos peatonales.     

Las experiencias arquitecturales y financieras adquiridas en estos proyectos, con costes iniciales elevados, pero recuperándose la inversión a mediano plazo, aportarían experiencias inéditas y novedosas en nuestro país para nuevas obras de vialidad, con especial incidencia en puentes, canales y túneles (subterráneos o flotantes), al interior de la isla de Cuba o en conexión con otras islas del archipiélago cubano, ¿y por qué no ingeniar una obra que conecte a nuestra patria con la América continental?  

XII- Cuba, como la “Llave de la libertad y del continente americano”:

Una lectura inobjetablemente internacional se manifestada en el alto grado de intercomunicación humana existente, y definida como globalización, mundialización, o aldea global. Sin embargo, el destino de las personas ha de seguir cimentándose en el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás instrumentos que emanan de ella.    

Abrazar los preceptos de las Organización de Naciones Unidas (ONU), en virtud de una confederación de países, depende de cuánto se valoren los intereses de los Estados guiados por gobiernos auténticamente democráticos y garantes de las libertades individuales, acatando que el Estado son las instituciones que lo conforman y el Gobierno los funcionarios que las ocupan y en las cuales sirven en carácter temporal. Es muy significativo este distingo: los individuos que conforman los gobiernos son servidores públicos, representantes de un poder restringido, otorgado directamente y sin escalas administrativas por la mayoría de la población electoral. Es un poder concedido para gobernar por un tiempo definido. El Estado está al servicio del pueblo y no a la inversa. El Estado no vigila al pueblo sino es el pueblo quién vigila al Estado.    

Buena parte de los problemas en el mundo actual, acumulados por decenios, se basan en una total falta de consenso internacional, que debería ser de imperioso cumplimiento sobre lo que con toda claridad constituye el Estado de Derecho para cualquier país. Esta ausencia se extiende sobre quienes lo violan sin el temor de recibir un rechazo internacional inmediato, unánime, con creciente presión económica, política, diplomática, y total repudio. Los embargos contra los regímenes injustos funcionan, lo que tiene que ser todo el mundo el que presione al estado malhechor. Este procedimiento de acción debería ser forzado por estatutos internacionales inviolables e integrado al orden legal en todos los países que quieran ser reconocidos soberanos, so pena de también ser incluidos en sanciones semejantes en caso de rehusar a implementarlos.   

Durante un siglo los tiranos de turno y sus camarillas se aprovecharon y aprovechan de esta falta de unanimidad internacional ante la violación de la ley. Las secuelas han sido funestas para víctimas inocentes de Estados fallidos. Y lo peor es que este comportamiento se ha repetido una y otra vez por todo el mundo, sin ser enérgicamente reprendido por las organizaciones y el derecho internacionales. Tolerar la arbitraria violación del Estado de Derecho a nombre de conceptos e ideologías que la historia reciente demuestra que fueron excusas para abusar con los poderes de facto, digamos la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos o el internacionalismo proletario, o en pandillas de resentidos con comportamientos ilustrados, como los No Alineados y el ALBA, a la larga solo acumulan violencia y abusos de derechos humanos. De alguna manera estas violaciones sistematizadas de los Derechos Humanos trascienden las fronteras de los países que los anidaron, y fatídicamente afectan a vecinos internacionales que se habían desentendido e insistido en mirar hacia otro lado.

La ONU debería formalizar un ejemplar empeño organizativo en determinar que los periodos  de ejercicio de los gobernantes no se extralimiten ni se intenten repetir en falsas combinaciones que burlan el Estado de Derecho. Ese es uno de los conflictos sociales que más beligerancia y sobre todo víctimas han ocasionado en la historia de la humanidad contemporánea.

El “nuevo orden internacional” y el “multilateralismo” no han de conceptualizarse para exclusiva prerrogativa de los Estados-gobiernos. A todas luces, los mayores privilegiados de estas doctrinas son los gobernantes de regímenes autoritarios o totalitarios que se escudan tras esos conceptos para garantizarse permanencia indefinida en el poder y soberanías privativas. Así relegan los intereses populares de las mayorías o las minorías que también conforman las naciones. Los gobernantes tienen el deber y la obligación de permitir ejercer roles pacíficos a los grupos en disidencia y de oposición, y de que estos se organicen y propongan sus liderazgos sin censura oficial alguna, con acceso al derecho de difundir sus ideas por todos los medios de difusión existentes, incluida la televisión, radio, prensa escrita y demás medios modernos. El respeto a las normas de coexistencia pacífica primero implica el respeto a los Derechos Humanos y las libertades individuales, porque de lo contario es coerción unilateral y unipolar.  

¿Con qué derecho los gobernantes se extienden por un tiempo más prolongado de dos mandatos, y por más de un decenio? ¿Para qué pretender convencer de que lograrán más, más allá de tal periodo?

Existen liderazgos positivos y negativos. Entonces, por qué no imitar a los fundadores que se sentaron a la cabecera de sus naciones y optaron por el escrutinio público, y al cumplimentar sus mandatos prudenciales, cedieron ordenadamente a otros las responsabilidades de guiar los destinos de las naciones.

Parafraseando al patriota cubano Félix Varela, quien escribió, “a los Santos no se les pide, se les imita”.

En el espíritu de todo lo antes expuesto, este proyecto, a la par de un Federalismo Intelectual Autóctono en Cuba y de una fiel Autonomía Municipal, propone el fortalecimiento del orden mundial y regional promovidos por la ONU y las organizaciones regionales, en especial en el de la Organización de Estados Americanos (OEA), siempre que se cumplimenten los estatutos y se practique un rol activo, con acciones concretas en la garantía y estabilidad de la soberanía de todas y cada una de las personas, y de sus propuestas. Que los que violen las reglas sean castigados, al margen de tendencias filosóficas, religiosas, de Estados Unitarios o Federativos, de Capitalismo de Estado o Liberales. Ajenos a los contagios de la inescrupulosa hipocresía diplomática, los conflictos deben llegar a solución ejercitando el consenso de las mayorías y las minorías, poniendo a prueba inequívoca plebiscitos o elecciones transparentes y verificables.       

Una vez Cuba sea garante de un Estado democrático, organizaciones globales y regionales, como OMS, OPS, OEA, OIT, pudieran radicarse en la nación cubana. Estas organizaciones encontrarían acá un espacio relevante de trayectoria altruista, demostrando con acciones solidarias una conducta imparcial en los manejos y la atención de políticas regionales y mundiales. Así se erigiría Cuba en el Archipiélago de la Libertad, y la trascendente Llave de las Américas.   

XIII- Estructura organizativa del movimiento ¡Arriba Cuba!:

Este movimiento se organiza conforme a la directriz que convoca al Pueblo Soberano e implantar en Cuba a “Su Majestad La Democracia”, mediante la Fórmula Federalista y la Autonomía Municipal. ¡Arriba Cuba! lo conforma un Consejo de Ministros, e instancias de jerarquía municipales, departamentales, y quizás provinciales. Las particularidades están plasmadas en el reglamento interno del proyecto. Y algo muy serio, no presupone la creación de Estado o gobierno paralelo alguno.   

Nota: Este texto pudiera variar dependiendo de las opiniones recibidas, por estar sujeto a críticas y modificaciones tácticas no estratégicas. La fecha inicial del texto y el número de versiones determina la última adaptación confirmada. En Díos confiamos.

Gracias.