Carta abierta a la opinión pública nacional e internacional con copia al Consejo de Estado y de Ministros de Cuba.
Siete días pasé en el depósito para detenidos El Vivac, desde el 21 al 28 de septiembre. Allí las mañanas comenzaban con “el recuento”: uno de los guardias mencionaba nombres y los detenidos debíamos responder con los respectivos apellidos. En mi caso el guardia decía “Juan Carlos”, y yo “Linares Balmaseda”.
Ahora me encuentro en libertad bajo fianza, sujeto a un juicio, el cual se llevará a efecto, como es común en este tipo de proceso sumario, con o sin abogado defensor. Estoy acusado de “Desacato a un funcionario público”. El funcionario es el Vicepresidente primero del gobierno en el municipio Diez de Octubre, Damián Cardonet Oviedo (Tito), quien además es oficial del departamento de Contra Inteligencia (o para mejor entender: policía política), y que conoce mi labor de casi 27 años como activista de los Derechos Humanos.
A continuación narraré los sucesos que preceden al hecho y que considero relevantes:
Desde hace más de seis años mi esposa, Annabel Borges Tamarit, ejercía el trabajo por cuenta propia como vendedora de alimentos agropecuarios. Lo ejercía en un local otorgado a su hijo. Antes era una roída y abandonada pescadería, un local que remendamos y convertimos en pequeño agro-mercado de oferta y demanda, es decir, con precios no fijados por el gobierno. Luego de que su hijo mayor fue a residir en Estados Unidos, desde hace casi dos años, mi esposa se convirtió en la responsable del negocio familiar.
Era un negocio de sustento familiar, pero también allí se gestaba un proyecto humanitario, con el fin de ayudar -en la medida de lo posible- a las personas con discapacidad. La mercancía de tercera la limpiábamos, y la regalábamos algunas veces llevándola al domicilio a las personas con discapacidad de situación económica precarias.
El pasado miércoles 20 de septiembre, tres inspectores del gobierno municipal se personaron en el agro, multaron con $1500.00 pesos al segundo hijo de mi esposa, quien se encontraba ayudándola. La multa se justificó con el argumento de que no poseía licencia para vender (lo que es criminalmente contradictorio porque desde hace años este tipo de licencia no se concede a la población, impidiéndoles trabajar legalmente). Además, nos ordenaron cerrar el establecimiento y presentarnos a la mañana siguiente en la sede del gobierno municipal, en Santa Catalina {0d588ba7f48bcf149ea3d99ef3fe9d939ded77b926add77e789755f3fe155431} Figueroa y Destrampes, Santos Suárez. Cosa que hicimos mi esposa, mi hijastro (de 21 años) y yo.
Al día siguiente, jueves 21 de septiembre, a las 10:00 a.m. hacen pasar a mi esposa a la oficina de Tito, y junto con la jefa municipal de Trabajo por Cuenta Propia, María Isabel, y la Jefa municipal de Inspección, Dayma, y dos inspectores más. A mi hijastro y a mí nos mandan a sentar en una oficina contigua, desde donde se podía escuchar las voces de Tito y de María Isabel, quienes subían y bajaban el volumen de sus voces.
Terminada la reunión, nos hacen salir al exterior de la sede gubernamental. Mi esposa me comenta que con el cierre del agro además le retiraron su licencia y la de su hijo mayor, que residiendo en el extranjero nosotros continuábamos pagando mensualmente.
Dos opciones me quedaban: una, aceptar la humillación de dejar a mi familia desamparada, sin medios de ingreso. Y otra, al menos expresar mi desacuerdo con tamaña injusticia.
Decidí retornar por donde mismo salí. Doy dos toques apurados a la entrejunta puerta de la oficina de Tito, cuyo picaporte se encontraba destartalado. Me acerco al funcionario y le digo con voz baja y pausada: “la dejaste (a mi esposa) en la calle y sin trabajo. Lo que tú quieres es vernos recogiendo comida en los tanques de basura, y avasallados”.
Como un resorte, Tito se puso de pie de su butaca y encimándoseme comienza a vociferar: “¿Qué tú haces aquí en mi oficina? ¡Yo no creo en derechos humanos, no me da la gana de darte ninguna entrevista conmigo, recuerda que yo tengo familia y vive muy cerca de ti!
Opino que no fui el primero, ni seré el último en Cuba al que traten con acentuado “abuso de poder”, y notoria “amenaza”. Me gusta el temperamento estable, y la personalidad comedida y respetuosa, y aseguro que no perdí esos atributos mientras este funcionario público hacia gala de todo un arsenal de despotismo y prepotencia.
La única respuesta enérgica que él recibió de mí fue: “¡Tú eres un mafioso, y tienes una mafia organizada aquí!”.
Inmediatamente después del referido y desagradable incidente, aparecieron varios agentes de la policía política montados en motocicletas Suzuki. Uno me quitó mi teléfono móvil del bolsillo de mi camisa, quizás para impedir haber grabado y testimoniado ese instante de falta de ética profesional. Nos retuvieron hasta tanto llegaron dos policías de patrulla, y me condujeron a la estación de policía de Aguilera.
En los calabozos de Aguilera me entrevistaron, en este orden, uno de los jefes de ese recinto policial, con grados de Mayor. Poco más tarde llegó una instructora, con grados de Teniente Coronel. A ambos le relaté detalladamente los sucesos del incidente en el gobierno municipal, y que hacía varios meses solicité personalmente una entrevista con Tito. También por conducto del departamento de Atención a la Población, procuré en vano entrevistarme con varios funcionarios, entre ellos con Tito, para explicar nuestro proyecto de ayuda a las personas con discapacidad. Éste ya era de conocimiento del Historiador de La Habana, Eusebio Leal, desde finales del año pasado (2016), asimismo del Delegado de mi Circunscripción, de los gobiernos municipal y provincial (se lo hice saber en persona al Vicepresidente provincial, de apellido Góngora). Lo presenté en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (personalmente a la secretaria Susana, que atiende a las personas con discapacidad).
Les dejé en claro a estos dos funcionarios del Ministerio del Interior que como miembro de la Red de Cultura Inclusiva-Cuba, pienso y actúo en términos de derechos plenos para las personas con discapacidad, y relaciono mi labor individual con mi labor profesional.
Nuestro proyecto de “agro-mercado inclusivo y accesible para las personas con discapacidad” se basa en que dicha actividad lucrativa privada genere un porciento de ingreso que permitiera acondicionar el local a las normas y requisitos para las personas con discapacidad, con rampa de entrada y salida, espacios adecuados con estantería y movilidad segura para que las sillas de ruedas y las personas con discapacidad visual contaran con facilidades de desplazamiento y una atención esmerada.
El periodista independiente Jaime Leygonier, quien padece de cataratas y por consiguiente baja visión, realizaba la tarea de ayudante y encargado de llevar mercancías a domicilio para determinadas personas con discapacidad en mayor grado de vulnerabilidad, las que residan en áreas perimetrales a nuestro establecimiento. Igualmente pensábamos programar actividades en favor de la comunidad, de sensibilización hacia las personas con discapacidad, y buscando campesinos proveedores de precios más bajos para favorecer con alimentos cada vez más asequibles a una determinada cantidad de estas personas, dándoles trato preferencial.
Los representantes de los gobiernos municipales son electos indirectamente. Primero se eligen los delegados de circunscripción por al menos un puñado de electores en la población, posteriormente estos delegados eligen a los presidentes de los consejos populares y estos eligen los representantes de los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales sí están facultados para autorizar un proyecto como el descrito.
