Juan Carlos Linares Balmaseda y Marcos Laurent Pérez.
En la nueva Constitución, aprobada a comienzo de 2019, se encuentra cinco veces la palabra autonomía, en los ARTÍCULOS: 27; 89; 168 y 169.
ARTÍCULO 27, el cual aduce: “La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales”.
ARTÍCULO 89: El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social.
ARTÍCULO 168: El municipio es la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad político-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del desarrollo económico y social de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
ARTÍCULO 169. La autonomía del municipio comprende la elección o designación de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden, así como dictar acuerdos y disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades, según lo dispuesto en la Constitución y las leyes. La autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la nación.
Adentrarse en el estudio del origen e implementación de la autonomía en Cuba requiere develar el real significado de dos omnipresentes concepciones: revolución y socialismo.
Desde que el grupo guerrillero, en enero de 1959 y encabezado por Fidel Castro, conquistó el poder por la vía de las armas, se institucionalizó la anulación y vulneración de todos los derechos y libertades económicas y políticas ejercidas por la ciudadanía de modo individual e independiente o mediante las organizaciones civiles libres que los agruparan de acuerdo a sus intereses pacíficos y honrados. Así quedó establecido que el proceso denominado Revolución era en la práctica el estado permanente de un implacable gobierno militar y policial, mientras que el término socialismo que lo apellidaba quedó como sinónimo de que todos los bienes de producción y servicios, por pequeños que fueran, quedarían sujetos al naciente Estado, es decir a la figura de su líder único, Fidel Castro.
En las últimas seis décadas, las políticas públicas en Cuba fueron meticulosamente orquestadas para la discriminación social. Desde un designio permanente fue dividir a los cubanos en dos bandos: “revolucionarios” y “contrarrevolucionarios”. Los primeros son los legitimados como “progresistas” y de izquierda. Son los autorizados para regir a sus anchas la gestión oficial. Y los que no se someten al acatamiento incondicional de las leyes discriminatorias del oficialismo son descalificados y execrados como “malvados enemigos de la Patria, mercenarios, reaccionarios, de derecha y contrarrevolucionarios”.
La “revolución socialista cubana” devino en un pretexto intangible. Un fantasma adornado con tintes encantadores, inoculado y expandido hacia todos los continentes, en estado gaseoso e inasible a la hora de reclamarle derechos y justicia. Un subterfugio con el que se enmascara la despótica gobernanza, que induce o exige creer en “logros” para disimular errores, y peor aún, para frenar el desarrollo de la sociedad civil, transformándose en un imposible de soportar cuando se impone con todo a la voluntad popular, y de acuerdo a los mezquinos intereses de la clase que la controla.
Desde 1959, el régimen “socialista y revolucionario” fue desmontando aceleradamente el modelo republicano que comenzara lentamente a configurarse con la independencia del colonialismo español en 1902. A partir de su llegada al poder, todos los poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fueron colocados bajo la imperiosa dirección de un liderazgo centralizado en una sola figura, un “caudillo incuestionable” o “líder indiscutible”, al que más tarde, con el extendido tiempo en el poder, se intenta legitimar con el sobrenombre de “histórico”.
Otras tantas instituciones que garantizaban el orden y la libertad ciudadana (sistema electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, sistema de partidos, parlamento multipartidista, libertad de prensa, asociaciones civiles independientes, etc.), se sustituyeron por un partido comunista único junto con las “organizaciones de masa” diseñadas por el poder reinante. Serían dirigidas por el propio “líder indiscutible” y a la vez Comandante en Jefe de la nación, utilizando para su control el aparato político represivo, militarista y policial.
El control ideológico impuesto desde la niñez por este “nuevo orden”, condicionado por el constante adoctrinamiento, logró que cada persona se transformarse en su propio y celoso vigilante de lo que, de tiempo en tiempo, establece el Estado-partido único (régimen cubano) como lo “políticamente correcto”.
Tal desmesurado monopolio de poder totalitario se concretó en la vigilancia y control de todos los aspectos de la vida individual y colectiva, produciendo la conversión y deterioro de los principios republicanos hacia una composición nacional de campamento militar en constante estado artificial de guerra preventiva “de todo el pueblo”. Este andamiaje social, instrumentado compulsivamente desde temprana edad y de manera constante, condiciona a cada uno de los habitantes a su integración y dependencia de las “organizaciones de masa”.
Estos agrupamientos formalizan una parte importante de la propaganda oficial, en perpetua contradicción entre lo establecido como “políticamente correcto” y la realidad de creciente penuria popular. Es una situación que engendra el comportamiento furtivo y el disimulo de las personas, un gran mentís entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen, encerrados en una visión distorsionada de la realidad nacional y del mundo. Sobre esta cruda práctica de paranoia, el régimen vino degenerando en una dictadura decadente, cuyo relevo generacional de nuevos cuadros dirigentes se ven compulsados a realizar cambios estructurales, con el fin de reacomodarse y conservar el dominio de su soberanía estatal, y no para beneficiar con libertades al pueblo.
En la Constitución de la República, recientemente reacomodada a los intereses del régimen, llama la atención descubrir que el Partido Comunista de Cuba se erige en rector superior al flamante documento, con preponderancia aun mayor a la que ya contaba en la anterior Carta Magna, y para colmo quedando fuera de toda cuestionable censura popular.
Así queda reacomodado al poder establecido todo lo que inevitablemente contraviene con cualquier implementación del concepto de autonomía.
