GEOGRAFÍA - PAÍSES: Venezuela - 5ª parte
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Geografía

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Venezuela - 5ª parte


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Historia: s. XX

letra capitular El presidente Antonio Guzmán Blanco se mantendría en el poder a lo largo de dieciocho años, en persona o mediante representantes interpuestos, durante los cuales aplicó reformas progresistas de tipo ilustrado (separación Iglesia-Estado, extensión de la enseñanza, así como mejoras en la administración y la justicia). Su obra fue consolidada por sus sucesores, especialmente su brazo derecho el general Joaquín Crespo, quien redactó una nueva Constitución donde se instauraba el sufragio universal directo y secreto. Pero el guzmanismo tenía un flanco débil: no había conseguido transformar la estructura de propiedad agraria donde se sustentaba el poder de la oligarquía conservadora. Ésta volvió a hacerse con el control del país en 1899 mediante una revolución encabezada por el general Castro. A éste le sucedió su vicepresidente Juan Vicente Gómez, que lideró la dictadura más larga de la historia venezolana (1910-35). Paradójicamente, durante el mandato de Gómez, cuyo objetivo era mantener Venezuela como un país de estructura agraria latifundista semifeudal, se produjo el hallazgo de importantes yacimientos de petróleo que iban a cambiar la faz del país.

Durante la dictadura de Gómez, la oposición se redujo a círculos universitarios e intelectuales (la generación del 28). Muerto éste, se organizó en el Partido Democrático Nacional de Rómulo Betancourt, posteriormente refundado como Acción Democrática. Esta oposición sólo fue legalizada en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, cuando la presión de las potencias occidentales hacían inviables los regímenes autoritarios. Finalmente, Acción Democrática se hizo con el poder mediante un golpe de Estado (1945), seguido de elecciones constituyentes en las que obtuvo mayoría absoluta.

La democratización de la vida política venezolana se correspondía con el cambio socioeconómico producido por la exportación de petróleo y reflejado en dos fenómenos: la explosión demográfica, al haberse erradicado las enfermedades endémicas en los Llanos (paludismo y fiebre amarilla), y al producirse una fuerte inmigración; y, en segundo lugar, la creciente concentración urbana de esa población. La política económica del gobierno de Acción, presidido por Rómulo Gallegos, pretendía fomentar la industrialización del país valiéndose de los petrodólares obtenidos. Sin embargo, esta experiencia democrática fue cercenada por un nuevo golpe militar en 1948. Esta dictadura militar conservadora, hasta que fue derrocada por una coalición popular-militar liberal en 1958, prosiguió la explotación de los recursos petroleros, aunque procurando asegurarse los beneficios

Los partidos de la oposición (Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Comité Pro-elecciones Independentistas --COPEI--), consensuaron tras el golpe del 58 la vuelta al parlamentarismo democrático (pacto de Punto Fijo). Hasta 1968 se sucedieron los gobiernos de Acción (Betancourt, Raúl Leoni), que tomaron medidas para un mayor control estatal de la economía, y tuvieron que hacer frente a varios intentos golpistas de la derecha y a la oposición armada de extrema izquierda (M.I.R). Durante el mandato del copeísta Raúl Caldera (1968-73), cuyo programa económico no difería del adeísta, se consiguió pacificar el país y erradicar la violencia de izquierdas. El desarrollo económico basado en el petróleo generaba una serie de problemas: las divisas que proporcionaba el sector de hidrocarburos se gastaban en importaciones masivas de bienes de consumo, lo que inducía fenómenos de inflación, paro, problemas en la balanza comercial y deuda exterior.

Las promesas de un reparto más justo de la renta nacional condujeron a la presidencia, en 1973, a Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática. Su gobierno socialdemocrático llevó hasta el final la política de nacionalizar los pilares de la economía: además del petróleo, la minería del hierro. Volcó el capital producido por estas explotaciones en inducir un crecimiento económico sostenido y armónico, potenciando la industria y renovando la agricultura. Favoreció a las pequeñas y medianas empresas, y se dictaron medidas de protección social. Pero la inflación, el desequilibrio de la balanza comercial y el déficit público, en buena parte debido a una excesiva y corrupta burocracia, pusieron fin a esta «edad de oro». El clima de corrupción hizo que los electores castigaran a los adecos y dieran el gobierno a los socialdemócratas copeístas para el período 1978-83.

El gobierno de Luis Herrera Campins lanzó una campaña de saneamiento inspirada en ideas neoliberales y monetaristas: liberalización de precios, eliminación de barreras aduaneras, contracción del numerario circulante, reducción de las importaciones y restricción de las inversiones públicas. Los resultados de esta política económica fueron negativos: se contuvo la inflación pero a costa de reducir el PIB, creando paro; los grupos monopolistas se llevaron los capitales hacia lugares más provechosos (E.U.A.), lo cual se intentó evitar mediante un control en los intercambios que, de hecho, se basaba en la devaluación del bolívar; pero, sobre todo, estaba la imposibilidad de hacer frente a la deuda exterior, agravada por la superproducción y caída del precio del petróleo, pese a la política de cuotas de la OPEP.

Paralelamente a las dificultades de la economía, se produjo un giro en la política exterior venezolana: del liderazgo hacia los países del Tercer Mundo obtenido por Pérez, se pasó a una docilidad notoria frente a los E.U.A. Las elecciones de 1983 retornaron el poder a Acción Democrática, dado que la extrema fragmentación de la oposición impedía romper el bipartidismo. El principal objetivo del nuevo presidente Jaime Lusinchi fue devolver la confianza a la comunidad financiera internacional (pagando la totalidad de la deuda). Cumplió este objetivo durante 4 años, pero justo cuando acababa su mandato se rebeló, decidiendo suspender temporalmente los pagos. La explicación se encuentra en el hundimiento del mercado petrolero. Para combatir esta crisis, Lusinchi promovió un paquete de medidas de austeridad, recuperando las directrices del FMI, lo cual tenía un alto coste para el nivel de vida de la mayoría de la población: más del 60 % cayó por debajo de los índices de pobreza. En este clima de inestabilidad social, con el corolario de huelgas y protestas estudiantiles, se celebraron las elecciones de 1988, en las que Pérez volvió a ser elegido, pero sin mayoría absoluta. Además, creció espectacularmente el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que pasó a asumir el papel de árbitro. La política económica de Pérez llevó al caos financiero: se hizo del pago de la deuda una cuestión de honor y en ello se gastaron todas las divisas trabajosamente conseguidas. También se mantuvo el sistema de tasas de cambio disociadas: para los productos necesarios el cambio del dólar era mucho más bajo; naturalmente, la picaresca y el fraude hacían pasar como productos necesarios a casi todas las importaciones. Esta situación condujo a lo que la burguesía llevaba décadas temiendo: la población marginal de los suburbios (ranchos) desató una ola de protestas y saqueos, violentamente reprimida.

Las súplicas de Venezuela a la comunidad internacional tuvieron efecto, en forma de créditos, permitiendo una cierta normalización (favorecida por la coyuntura de alza del petróleo por la Guerra del Golfo). Sin embargo, ello ha supuesto sólo un aplazamiento, no la desaparición, de las causas del caracazo (estallido social en Caracas). De hecho, el intento golpista de 1992, encabezado por el teniente coronel Hugo Chaves, tenía en esencia los mismos motivos que el caracazo, es decir, el descenso del poder adquisitivo de los salarios, por lo que contó con amplias simpatías y Chaves se convirtió en poco menos que un héroe nacional. El prestigio de Pérez era mayor en el exterior gracias a su política muy activa en la línea del nuevo orden mundial surgido de la Guerra del Golfo, tendente a sofocar los conflictos locales.

En junio de 1993 C. Andrés Pérez dejó la presidencia al ser procesado por corrupción y Ramón José Velásquez ocupó la jefatura del estado de manera provisional. Tras las elecciones de diciembre del mismo año, Rafael Caldera fue elegido nuevo presidente del país. En junio de 1994, el presidente Caldera decretó la suspensión de las garantías constitucionales y la nacionalización de la banca. Estas medidas fueron adoptadas para superar la profunda crisis económica y política, pese a la oposición del congreso. Durante todo el año 1994, el gobierno sufrió una crisis grave de liquididad que obligó a revisar el presupuesto para 1995.

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