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Historia

os primeros pobladores de las tierras andinas que hoy forman el Estado peruano se establecieron en ellas hace unos 15 000 años, procedentes de Norteamérica, a través del istmo de Panamá. Unos 6 000 años después estos cazadores-recolectores paleolíticos empezaron a desarrollar una economía productora y a hacerse sedentarios.

Desde el principio, el territorio peruano estuvo escasamente unificado; tres ámbitos geográficos básicos dieron caracteres distintos, en cuanto a las posibilidades de vida, a las diversas culturas y etnias que los habitaron: la costa, la sierra o altiplano, y la selva. Hasta la llegada de los españoles en el s. XVI se desarrollaron en el Perú numerosas culturas indígenas a partir de distintos troncos étnicos (quechuas, aymaras, etc), de las cuales las más conocidas son la de Paracas-Nasca, la chimú y la de Tiahuanaco. A partir del s. X estas culturas se habían convertido en urbanas: convivían varios reinos formados por redes de ciudades amuralladas vinculadas por una organización política y militar jerárquica. El más brillante de estos reinos lo constituyó la cultura chimú, hasta que sucumbió al imperialismo de los Incas, quienes desde 1438 habían adaptado una política expansionista.

El Imperio Inca o Tahuantinsuyu, una monarquía teocrática y autoritaria, controló desde El Cuzco el territorio existente entre Ecuador y Chile. Cuando las noticias sobre ese estado, perfectamente organizado y poseedor de fabulosas riquezas, llegaron a oídos de los españoles en Panamá, el Tahuantinsuyu se hallaba sumido en una profunda crisis y arruinado por una guerra civil. Esto explica la relativa facilidad con que Fernando Pizarro, en sólo 6 años (1531-1537) se hizo con el control del Imperio Inca.

Especial mención requiere el llamado virreinato de Perú, una organización política colonial creada en 1543 por la corona española para dar cumplimiento, a través del virrey, a las llamadas Leyes Nuevas. Dividido en capitanías generales y gobiernos, su jurisdicción comprendía todos los territorios conquistados de América del Sur, excepto, inicialmente, la gobernación de Caracas. Por su mayor extensión se consideró siempre más importante que el de Nueva España. Además, de su territorio procedía la aportación más importante de plata para la metrópoli española; después del saqueo del Imperio Inca la estructura administrativa del virreinato se orientó hacia la producción minera de este metal, abundante en las vetas del Potosí, en el Alto Perú. La producción minera se mantuvo hasta 1640, pero a mediados del s. XVII se agotó la plata y la economía colonial entró en una fuerte recesión. La centralización del comercio y la capitalidad burocrática hicieron posible la supervivencia del virreinato, que ya no volvería a ser nunca el importante foco económico que había sido. A pesar de todo, controló durante bastante tiempo todo el comercio suramericano, basado en la exportación de mulas, tejidos, olivas, azúcar y arroz de los oasis de la costa. La mayoría de estos productos eran proporcionados por los indígenas, explotados por la oligarquía criolla y la administración colonial a través de la institución de la mita, que establecía el repartimiento de los indios en el territorio para su explotación en trabajos forzados (especialmente en las minas). La reducción de su ámbito territorial se inició en 1717 con la creación del virreinato de Nueva Granada (suprimido en 1723 y definitivamente establecido en 1739) y siguió en 1776 con el nuevo virreinato del Río de la Plata, hasta su total desaparición tras la victoria independentista de Ayacucho (1824), bajo el mando del general Sucre.

Hasta el siglo XVIII el virreinato de Perú fue la base de la colonización española de Sudamérica y la fuente de financiación más importante de los proyectos coloniales --junto a México--. Esta importancia, vital para la metrópoli, determinó que Perú fuera el último estado latinoamericano en alcanzar su independencia (salvo Cuba y Puerto Rico). Además, ésta le vino importada desde fuera: el caudillo argentino San Martín entró en Lima en 1821, gracias a la flota de Lord Thomas Alexander Cochrane.

Simón Bolívar, que no contaba con apoyos entre la minoría criolla peruana y no quería apoyarse en la mayoría india, mestiza y negra (la pardocracia), asumió la presidencia vitalicia del Perú y dictó una Constitución que le daba plenos poderes. Pero, cuando salió del país para consolidar su sueño de la confederación de estados de la Gran Colombia, el general Andrés de Santa Cruz, presidente del Consejo de Estado, proclamó la independencia de Perú. En revancha, Bolívar decretó la vicepresidencia del Alto Perú (Bolivia). De esta época data un conflicto político vigente en el país hasta bien entrado el s. XX: el enfrentamiento entre civilistas (la oligarquía criolla) y militaristas (clases medias antioligárquicas que buscaban apoyo en el ejército).

Hasta 1845 se sucedieron en Perú gobiernos autoritarios de caudillos militares vinculados a la oligarquía. A mediados del s. XIX se inauguró una época de prosperidad económica, basada en la explotación del guano y el salitre (usados como fertilizantes), que duró hasta los años 60. La expansión de esta minería exportadora, monopolio del Estado, incrementó los ingresos del erario público y la disponibilidad de divisas; también provocó la restauración del parlamentarismo y la reforma liberal del Estado. Dichas reformas se personalizaron en el presidente Ramón Castilla (con dos períodos mandatarios: 1845-1851 y 1855-1862), quien realizó una reforma agraria en la costa con el fin de privatizar las tierras de los ayllu o comunidades indígenas, dada la expansión de la agricultura exportadora, principalmente del azúcar.

En 1868 fue elegido presidente Nicolás de Piérola, quien emprendió obras públicas dispendiosas (ferrocarriles, monumentos, edificios y parques) que vaciaron las arcas del Estado y obligaron a solicitar créditos al extranjero, disparando la deuda externa. Con su sucesor, el civilista Manuel Prado, la aristocracia financiera y de los negocios intentó tomar las riendas de la economía, pero la Guerra del Pacífico (1879), en la cual Chile arrebató a Perú y Bolivia las regiones mineras de Arica y Tarapacá, dejó a Perú fuera de la expansión de las economías exportadoras latinoamericanas de la segunda mitad del s. XIX.

Agobiado por una deuda exterior a la que no podía hacer frente, el Gobierno peruano llegó a un acuerdo con sus acreedores, constituidos en la Peruvian Corporation (1890): a cambio de la extinción de la deuda, les cedía el control de diversos ferrocarriles, puertos, minas y pozos de petróleo. La crisis económica devolvió el poder político a los militaristas durante una década (1884-1894), hasta que el general Andrés Avelino Cáceres fue derrocado por una coalición de demócratas y civilistas que repuso a Piérola. Se abría un período de dominio civilista que duró hasta la Primera Guerra Mundial, y cuyo objetivo primordial era recomponer la economía exportadora. Aceptaron la sustitución del capital británico por el estadounidense en los sectores económicos más productivos: el azúcar, la lana, el algodón y, sobre todo, el cobre. Además, se beneficiaron de una explotación nueva: el caucho de la selva andina.

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